La reforma, que estará lista en agosto, abre interrogantes sobre el desarrollo de las elecciones de noviembre de 2027, ya que el gobierno no se ha pronunciado sobre quiénes sí podrían participar.
"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás", advirtió Murillo este miércoles en declaraciones a un medio estatal, un día después de que Washington advirtiera que no se quedará de "brazos cruzados" frente a los planes de la "dictadura". "Elecciones, sí, pero elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad", añadió.
Las reformas serán votadas "en la primera semana de agosto" y apuntan a "no dejar ni un resquicio" para que no se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y sus lacayos", señaló por su parte el jefe del Congreso, Gustavo Porras.
En el simbólico acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de "vendepatrias" al servicio de Estados Unidos.
Sistema de partidos sin competencia
Ortega, un exguerrillero de 80 años, lanzó su propuesta en momentos en que opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión internacional lograra comicios libres.
Busca "consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico" que "profundizaría el exilio y la migración", señaló en un comunicado un grupo de movimientos políticos nicaragüenses exiliados, que considera que la vía electoral es la única salida a la crisis.
El anuncio del gobierno nicaragüense desató una oleada de condenas de organizaciones internacionales y gobiernos encabezados por Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua que ya aplica restricciones de visa a numerosos funcionarios
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una "erosión constante del Estado de derecho" en Nicaragua.
La Asamblea Nacional y la autoridad electoral, ambas instancias controladas por el Ejecutivo, comenzaron este miércoles a definir las leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, permitan la realización de comicios sin la injerencia de los Estados Unidos.
La reforma, que estará lista en agosto, abre interrogantes sobre el desarrollo de las elecciones de noviembre de 2027. Desde el exilio, nicaragüenses denuncian que su país se encamina hacia un "régimen autoritario, permanente y dinástico".
"Ese es el tipo de elecciones que no volverán jamás", advirtió Murillo este miércoles en declaraciones a un medio estatal, un día después de que Washington advirtiera que no se quedará de "brazos cruzados" frente a los planes de la "dictadura".
"Elecciones, sí, pero elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad", añadió.
Las reformas serán votadas "en la primera semana de agosto" y apuntan a "no dejar ni un resquicio" para que no se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y sus lacayos", señaló por su parte el jefe del Congreso, Gustavo Porras.
En el simbólico acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de "vendepatrias" al servicio de Estados Unidos.
Sistema de partidos sin competencia
Ortega, un exguerrillero de 80 años, lanzó su propuesta en momentos en que opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión internacional lograra comicios libres.
Busca "consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico" que "profundizaría el exilio y la migración", señaló en un comunicado un grupo de movimientos políticos nicaragüenses exiliados, que considera que la vía electoral es la única salida a la crisis.
El anuncio del gobierno nicaragüense desató una oleada de condenas de organizaciones internacionales y gobiernos encabezados por Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua que ya aplica restricciones de visa a numerosos funcionarios.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una "erosión constante del Estado de derecho" en Nicaragua.