Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio hicieron este jueves (23.07.2026) un llamado urgente a los gobiernos de las Américas, a la Unión Europea y a la ONU para desconocer la consolidación de un "régimen sin elecciones" en Nicaragua, advirtiendo que la crisis no es un asunto interno sino una amenaza para la seguridad y la migración de todo el continente.
En una declaración conjunta, esa coalición opositora hizo un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente de la ONU y su Secretaría General, así como a las cancillerías latinoamericanas, para que activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a esta ruptura del orden democrático.
Ese llamado de los opositores surge después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propusiera eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.
"La OEA cuenta con instrumentos claros para responder a situaciones de esta naturaleza, y su aplicación rigurosa es esencial para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales", señalaron las organizaciones.
En particular, solicitaron que los Estados democráticos y los órganos competentes de la OEA adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes de conformidad con la Carta Democrática Interamericana y mantengan el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
"La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta firme, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional", advirtieron.
Asimismo, alertaron que la normalización de una "dictadura permanente" en Nicaragua tendría efectos directos sobre la estabilidad política, la gobernabilidad, la seguridad del continente, profundizaría el exilio de miles de nicaragüenses, generaría nuevas olas migratorias, sentaría un precedente negativo para la región y debilitaría el compromiso hemisférico con la defensa de la democracia y el Estado de derecho.
"Por ello, esta crisis constituye un asunto de legitimo interés hemisférico y no un problema exclusivamente interno", anotó la declaración, suscrita por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco organizaciones civiles, que advirtieron que las declaraciones de Ortega "no se trata de un gesto político interno, sino de la decisión explícita de abolir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y de consolidar un régimen autoritario, permanente y dinástico".
Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, aseguró que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".
El anuncio provocó reacciones de rechazo de diversos gobiernos como República Dominicana, Guatemala, el gobierno electo de Perú, Bolivia, Chile, el Brasil de su otrora aliado Luiz Inácio Lula da Silva y foros políticos y académicos como el Grupo de Puebla, integrado por más de 60 líderes, expresidentes y personalidades de tendencia progresista y de izquierda procedentes de 18 países de Iberoamérica y Europa.
"El anuncio del presidente Daniel Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones constituye una ruptura abierta con los principios democráticos más elementales. Ningún proyecto político, cualquiera sea su origen o su historia, puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes y a decidir pacíficamente su futuro. La democracia no admite excepciones ni puede convertirse en una concesión del poder", dijo el Grupo de Puebla en un pronunciamiento.
La Cancillería de Nicaragua ha respondió dureza a las críticas contra el anuncio de Ortega, que también llegaron de parte del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador— y la vecina Costa Rica.
jc (efe, La Prensa, Confidencial Digital, 19 digital, Grupo de Puebla)