Cien mil soldados, guardias nacionales y policías cuidaron el Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sin un solo incidente grave que reportar. Ese despliegue mostró lo que el gobierno puede hacer cuando el costo político internacional lo exige. Casi al mismo tiempo, otra historia se escribía en Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
En Aquila, Michoacán, la comunidad indígena de Santa María Ostula denunció el 4 de julio un ataque armado del CJNG donde hirieron de bala a un comunero. Al ser cuestionado, el impopular gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla respondió, simple y llanamente, que no había ningún reporte. Pero Ostula ya había denunciado en mayo la omisión y complicidad del gobierno estatal frente al asedio del CJNG.
El 8 de julio, los habitantes de Guajes de Ayala, Guerrero, denunciaron ataques con drones explosivos y enfrentamientos entre La Nueva Familia Michoacana y una autodefensa local. Llevaban semanas mostrándolo con videos y ubicaciones, sin que nadie del ineficaz gobierno de la morenista Evelyn Salgado moviera un dedo. La primera reacción oficial del gobierno federal fue desmentir. A las 14:55 de ese día, el Gabinete de Seguridad escribió en X que "los hechos narrados en notas periodísticas fueron descartados" pero en el párrafo siguiente avisó que soldados y policías ya iban en camino para verificar la situación. Descartar y mandar tropas a comprobarlo en el mismo mensaje es una contradicción de origen. La secuencia no buscaba proteger a Guajes de Ayala, sino que el hecho no se sumara a la cifra de homicidios que realmente van a la baja.
Diez días después de lo de Guerrero, el 18 de julio, aparecieron 10 hombres asesinados en tres municipios de Zacatecas: cinco colgando de un puente en Pánuco, cuatro en Morelos, uno en Sain Alto. Entre los muertos estaba Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal panista de Sombrerete, junto con empresarios de Fresnillo, un exregidor de Durango y un líder ganadero, algunos secuestrados apenas dos días antes de que encontraran sus cadáveres. El desprestigiado gobernador morenista David Monreal prometió justicia. Luego, el 21 de julio circuló un video de unos 20 hombres armados y encapuchados, identificados con el Cártel de Sinaloa, que se atribuyeron la matanza y la llamaron "un pequeño golpe de autoridad". Le exigieron a Monreal "cumplir y respetar los acuerdos que tiene su gabinete" con su organización, añadiendo "ahí está lo que nos encargó", y amenazaron con matar a "toda su descendencia" si los traiciona. No es casualidad lo ocurrido en Zacatecas que, según México Evalúa, tiene la tasa de extorsión más alta del país:1,500 denuncias por cada 10,000 empresas entre 2023 y 2024.
Descartar una denuncia en Guerrero, negar un ataque en Michoacán y matar a 10 personas en Zacatecas no son hechos aislados. Tampoco es que se repita la misma respuesta repetida en los tres estados: negar primero, tratar de resolver después.
El éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado desde que llegó a la presidencia es real, pero se ve disminuido gravemente por lo ocurrido, en gran medida por la ineficiencia e irresponsabilidad de los gobernantes estatales en Guajes de Ayala, Santa María Ostula y el puente de Pánuco, y en otros lugares del país.
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