Venezuela comunicó el viernes 24 de julio a Naciones Unidas su decisión de dejar la Corte Penal Internacional (CPI). Lo hizo por la vía formal: una notificación dirigida al secretario general, António Guterres, en la que Caracas denuncia el Estatuto de Roma y pone en marcha, según sus propias palabras, un retiro "firme e irrevocable".
El canciller Félix Plasencia fue quien dio la noticia, a través de un mensaje publicado en X. En él sostiene que la actuación del Tribunal responde a un patrón que ha perjudicado sobre todo a países africanos y latinoamericanos, algo que, afirma, no es casualidad sino el resultado de una institución puesta al servicio de intereses que poco tienen que ver con la justicia. Habló, literalmente, de "lawfare" contra el pueblo venezolano.
Horas después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reforzó ese mensaje durante un acto militar transmitido por la televisión estatal. Fue más allá al hablar de un expediente acumulado contra los países del "sur global", entre los que incluyó a Venezuela, y defendió lo que llamó una relación internacional basada en el respeto al derecho, no en tribunales que, según ella, actúan con parcialidad.
La respuesta desde La Haya llegó rápido, aunque con matices. El Tribunal lamentó la decisión venezolana, pero fue claro en un punto: la salida no es inmediata. Conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia solo produce efectos un año después de que la ONU reciba la notificación oficial, algo que la Corte aseguró no haber recibido todavía a través de la Oficina de Tratados.
Eso significa, en la práctica, que Venezuela seguirá siendo Estado parte durante ese periodo y mantendrá su obligación de cooperar con las investigaciones y los procedimientos ya abiertos. La CPI recordó además algo que suele repetir en estos casos: la decisión de sumarse o abandonar un tratado internacional es, en efecto, un derecho soberano de cualquier Estado.
Entre esos procedimientos figura la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, que la Fiscalía del Tribunal ha dejado en manos de un equipo que sigue trabajando desde La Haya, pese al cierre de la oficina técnica que la Corte mantenía en Caracas.
Nada de esto surge de la nada. La ruptura se venía gestando desde diciembre, cuando la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, justificó entonces la medida como una forma de exponer ante el mundo lo que calificó de inutilidad y sometimiento de la CPI a intereses ajenos.
Esa ley llegó pocos días después de que la propia Fiscalía del Tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas, al no apreciar avances reales en el llamado principio de complementariedad, es decir, la exigencia de que sea el propio país quien investigue con seriedad los crímenes que se le atribuyen antes de que intervenga la Corte.
Venezuela suscribió el Estatuto de Roma en 1998 y lo ratificó dos años más tarde. Desde entonces, la relación con el Tribunal ha pasado por distintas fases: desde la apertura de una oficina de la CPI en Caracas en 2022 hasta el archivo, por parte de la propia Corte, de las denuncias venezolanas contra las sanciones estadounidenses. Con el anuncio de este viernes, ese capítulo se cierra, al menos formalmente, dentro de un año.