Han pasado treinta días desde que los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieran el norte de Venezuela en apenas 39 segundos, la noche del 24 de junio. Lo que las autoridades describieron entonces como un fenómeno sísmico poco común, un doblete sísmico, se ha convertido con el paso de las semanas en una de las peores catástrofes naturales que ha vivido el país en más de un siglo.
Un mes después, las cifras siguen moviéndose, aunque a un ritmo mucho más lento que en los primeros días, y todavía dejan huecos que el Gobierno no ha resuelto. El balance oficial más reciente, divulgado este pasado viernes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sitúa en 5.546 el número de fallecidos y en 16.740 el de heridos.
Esta última cifra prácticamente no se mueve desde hace semanas, lo que sugiere que los equipos médicos ya no reciben nuevos casos de gravedad, mientras que la cifra de muertos continúa aumentando conforme avanzan los trabajos de retirada de escombros y la identificación forense de cuerpos, muchos de ellos enterrados sin reconocer en fosas habilitadas en cementerios de La Guaira.
El dato más incómodo, sin embargo, es el que el Gobierno venezolano no actualiza. Desde el 25 de junio, un día después del doblete sísmico, las autoridades no han vuelto a dar una cifra oficial de desaparecidos, que entonces se situaba en 157 personas. En ese vacío ha surgido una iniciativa ciudadana, Desaparecidos del Terremoto de Venezuela, que centraliza reportes de familiares y mantiene un registro de cerca de 29.500 personas cuyo paradero se desconoce. Esa diferencia, entre lo que reconoce el Estado y lo que documentan los propios ciudadanos, es uno de los puntos más cuestionados de la gestión de la emergencia.
Más allá de las vidas perdidas, el terremoto dejó una huella económica considerable. Un informe del Banco Mundial, publicado la semana pasada, estima los daños físicos directos en unos 19.600 millones de dólares.
De esa cantidad, 9.300 millones corresponden a viviendas destruidas o gravemente dañadas, 5.200 millones a infraestructura pública, entre hospitales, escuelas y otras instalaciones esenciales, y cerca de 5.000 millones a edificaciones comerciales e industriales.
Sobre el terreno, el último recuento oficial contabiliza:
856 edificios afectados, de los que 190 colapsaron por completo
La cifra de familias sin vivienda asciende a 17.907, de las cuales 23.122 personas permanecen en 107 campamentos transitorios instalados en Caracas y La Guaira,
128.324 familias han recibido algún tipo de atención por parte de las autoridades desde el inicio de la emergencia.
Desde el sismo principal se han registrado, además, 1.405 réplicas, algunas de ellas suficientes para complicar el trabajo en estructuras que ya habían quedado debilitadas.
Con el paso de las semanas, las labores de rescate propiamente dichas han dado paso a tareas de retirada de escombros y reconstrucción, un proceso que las propias autoridades reconocen que tomará meses, si no años.
Algunos servicios básicos, como la electricidad en ciertas zonas de La Guaira, se restituyeron alrededor de dos semanas después del sismo, pero la normalidad sigue siendo parcial. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras mantienen clínicas móviles activas en la zona cero para cubrir necesidades sanitarias que el sistema público, ya deteriorado antes del terremoto, no logra atender por completo.
La tragedia llegó, además, en un momento políticamente sensible para Venezuela, que atraviesa una transición tras la detención del expresidente Nicolás Maduro a comienzos de año, con Delcy Rodríguez al frente de un Gobierno interino que todavía no ha fijado fecha para elecciones.
La gestión de la ayuda internacional, incluida la cooperación recibida de países como Israel y las gestiones para desbloquear activos venezolanos con apoyo de Estados Unidos, se perfila como uno de los factores que marcará el ritmo de la reconstrucción en los próximos meses.