Lima, 26 jul (EFE).- El antifujimorismo, que durante dos décadas se opuso a que Keiko Fujimori fuera elegida presidenta de Perú, se mantiene entre el rechazo y la vigilancia ante su investidura como jefa de Estado este 28 de julio, tras haber ganado las elecciones con una reivindicación total del polémico mandato de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue condenado en su país por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Durante la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio, el fujimorismo y el antifujimorismo, representado por el candidato izquierdista Roberto Sánchez, reeditaron el enfrentamiento entre las dos corrientes que han dividido al país en torno a un apellido que ha marcado la política peruana desde hace más de 30 años.
El movimiento, liderado por los colectivos civiles 'No a Keiko' y 'Fujimori nunca más', tuvo tal impacto en la política peruana que se llegó a afirmar que era el "partido político más importante" del país, aunque solo se activaba para cada elección.
Sin embargo, tras una presencia decisiva en las derrotas que sufrió Fujimori en las segundas vueltas presidenciales de 2011, 2016 y 2021, el colectivo mostró esta vez un menor activismo en las calles, al protagonizar solo una marcha que reunió a unas miles de personas y concentrarse en el debate en las redes sociales.
Incluso durante la campaña para la primera vuelta del 12 de abril no se organizó ninguna protesta específica contra el fujimorismo, a pesar de que todos los sondeos ya indicaban que Keiko pasaría a la segunda vuelta.
El rechazo de víctimas
Ahora, cuando la derechista asumirá finalmente la conducción del país para el próximo quinquenio, las organizaciones, activistas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de Alberto Fujimori, y de recientes protestas antigubernamentales, han tomado la batuta y ratificado su rechazo al retorno al poder de esa corriente política.
El pasado martes, los familiares consideraron que el próximo Gobierno puede ser "autoritario" y de "impunidad", y afirmaron que Fujimori no puede hablar de reconciliación nacional, tal como ha invocado, hasta que no se busque a los desaparecidos y se sancione a los responsables de diversos delitos.
La exministra de Cultura Gisela Ortiz, cuyo hermano fue una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, cometida por el grupo militar encubierto Colina en 1992, aseguró que no quieren que un proceso de reconciliación "se convierta en una burla por parte de quienes no han asumido la responsabilidad de sus delitos".
Además, tanto la exministra como los familiares de las demás víctimas consideran que el mensaje de Fujimori es incoherente, ya que su partido, Fuerza Popular, ha impulsado desde el Congreso la aprobación de leyes de amnistía para militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos.
Convocatoria a primeras protestas
En medio de ese escenario de rechazo de un sector de la población, la asociación de víctimas de protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023, tras la destitución y encarcelamiento del presidente izquierdista Pedro Castillo, ha convocado una marcha para el 28 de julio, el día que Fujimori asumirá la jefatura de Estado.
La principal vocera de esa organización, Milagros Samillán, cuyo hermano murió en la localidad sureña de Juliaca en 2023, afirmó que los familiares consideran que el Gobierno de Fujimori "no es legítimo" y que le harán frente porque "intenta la impunidad cuando hay pruebas suficientes para que los culpables paguen".
Keiko Fujimori asegura hasta ahora que durante el mandato de su padre, que fue reelegido dos veces a pesar de que en abril de 1992 dio un golpe de Estado, se cometieron "errores", como califica a los delitos por los que se emitieron sentencias judiciales por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
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