La reforma constitucional que busca dejar a la oposición fuera de las elecciones en Nicaragua propone además ampliar el periodo presidencial de seis a siete años "renovables", según el proyecto del presidente Daniel Ortega que recibió el martes la Asamblea Legislativa.
La Asamblea —controlada por el gobierno— prevé aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" ni "golpistas" al servicio de Estados Unidos, términos con los que suele referirse a sus adversarios.
El texto no ha sido difundido aún en su totalidad, pero el presidente del Congreso, Gustavo Porras, adelantó que extiende el mandato presidencial.
"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", dijo Porras al leer la parte introductoria de la propuesta.
Daniel Ortega se ha mantenido al mando del gobierno nicaragüense por más de 30 años. (Foto: AFP)
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La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias", añadió.
La copresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, explicó el lunes que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático y que antes de su aprobación también habrá "consultas" con varios sectores de la sociedad nicaragüense.
Opositores nicaragüenses en el exilio consideraron que con la ampliación del mandato y la posibilidad de prorrogarlo prácticamente las elecciones quedan sepultadas en el país centroamericano.
La reforma "pretende perpetuar la tiranía. Los períodos serán 'renovables'. Claro no hay reelección, porque no habrá elección", afirmó en X la excomandante guerrillera y expresa política Dora María Téllez.
Para el abogado y antiguo funcionario del poder judicial nicaragüense, Yader Morazán, con esta modificación, los Ortega Murillo "se garantizan el poder vitalicio, sin límite real, sin alternancia y sin elecciones competitivas".
De su lado, la jurista María Asunción Moreno, dijo en X que con las "reformas se podría extender el periodo actual hasta el 2028, para luego renovar los 7 años, sin elecciones libres".
La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que opera en el exilio, calificó como un "descaro total de la dictadura sandinista Murillo-Ortega el anuncio de recetarse siete años y más en el poder".
En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta. (Foto: AFP)
Ortega, un exguerrillero izquierdista, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales.
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En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta. Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.
Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los partidos opositores.
Estados Unidos advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" frente a la "dictadura", mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales".
Bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. (Foto: AFP)
El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua cuando asuma el 7 de agosto.
Por su parte, la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, respondió que "cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza", cuando fue interrogada sobre el proyecto de reforma en Nicaragua.
Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.
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