La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de detención contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de siete delitos por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
La orden, firmada por el fiscal Brayan Melgar, atribuye a Morales los presuntos delitos de "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado", terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos, según reportan medios locales.
La denuncia fue presentada a comienzos de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La investigación también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar.
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Durante siete semanas, los bloqueos promovidos por organizaciones afines a Morales provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de dejar al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica necesaria, según las autoridades. El Gobierno cifró las pérdidas económicas en más de 3.000 millones de dólares (2.619 millones de euros).
Morales rechaza haber buscado el forzar a Paz a renunciar y sostiene que las protestas buscaban que el Ejecutivo atendiera las demandas de los sectores movilizados.
La nueva orden de captura se suma a otra ya vigente por un caso de presunta trata agravada de personas. En esa investigación, el exmandatario está acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija en 2016, cuando ejercía la presidencia.
Desde octubre de 2024 permanece en la región del Chapare, su principal bastión político y sindical, protegido por centenares de seguidores que impiden su arresto. Desde allí, aseguró en junio que no pensaba entregarse: "No me voy a rendir".