El aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales ha colocado la resiliencia en el centro de la política de vivienda en México y América Latina, donde la capacidad de una casa para proteger a sus habitantes durante una emergencia depende de decisiones que comienzan desde el diseño, los materiales utilizados y las normas bajo las que fue construida.
En ese contexto, el estudio Conexiones: Vivienda resiliente, elaborado por Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe, encontró que México registra un índice de exposición a amenazas naturales de 31% y una incorporación de 53% de medidas de resiliencia y sostenibilidad en sus códigos de construcción.
El diagnóstico también advierte que los países con mayor nivel de riesgo son, en promedio, los que menos han incorporado estos criterios en su regulación.
"Una vivienda resiliente es la infraestructura diseñada para enfrentar condiciones adversas (como el cambio climático o los desastres naturales), proteger la vida y los bienes materiales de las personas, así como promover la recuperación y adaptación", se puede leer en el documento elaborado por Katrina Lisnichuk, gerente de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje de Hábitat para la Humanidad América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el análisis, una vivienda resiliente incorpora condiciones que reducen la vulnerabilidad antes de que ocurra una emergencia y permiten que las familias recuperen su vida cotidiana con mayor rapidez, un enfoque que forma parte de las estrategias de adaptación frente al cambio climático.
México busca consolidar el concepto de vivienda adecuada como eje de su política habitacional, una figura incorporada recientemente al marco jurídico para reconocer que una vivienda no sólo debe ofrecer un techo, sino garantizar condiciones de:
Habitabilidad.
Seguridad en la tenencia.
Acceso a servicios básicos.
Ubicación.
Accesibilidad.
Asequibilidad.
Adecuación cultural.
Sin embargo, el estudio considera que ese estándar representa apenas el punto de partida. "Una vivienda puede ser adecuada en tiempos de paz, pero fallar ante una crisis si no es resiliente", se puede leer en el documento.
A partir de esa premisa, el análisis plantea que una vivienda resiliente debe incorporar criterios de diseño, materiales adecuados, planeación territorial y estrategias de adaptación que reduzcan la exposición de las familias a amenazas naturales, además de impulsar la asistencia técnica y programas de mejoramiento para elevar la seguridad de las construcciones.
El documento también atribuye a este tipo de vivienda beneficios que van más allá de la protección física de una edificación, ya que ayuda a preservar el patrimonio familiar, disminuye los desplazamientos posteriores a un desastre y favorece la continuidad del trabajo y la educación, factores que reducen el impacto económico y social de estos eventos.
La investigación también reúne evidencia que indica que incorporar medidas de resiliencia añade alrededor de 3% al costo de inversión de una vivienda, mientras que estudios citados en el documento estiman un retorno de cuatro dólares por cada dólar invertido en infraestructura resiliente, al reducir las pérdidas económicas derivadas de desastres naturales.
El análisis sostiene que el costo de la inacción supera ampliamente la inversión preventiva, una situación particularmente relevante en América Latina y el Caribe, donde las pérdidas económicas ocasionadas por desastres naturales rebasan con creces los presupuestos destinados a vivienda en varios países de la región.
Entre las recomendaciones para incorporar este enfoque, Hábitat para la Humanidad propone actualizar los códigos de construcción, integrar criterios de resiliencia y sostenibilidad en los programas de vivienda, ampliar la asistencia técnica para procesos de autoconstrucción, invertir en estudios de riesgo y utilizar plataformas georreferenciadas para orientar el desarrollo urbano y evitar nuevos asentamientos en zonas expuestas a inundaciones, deslaves u otras amenazas naturales.
El estudio también identifica mecanismos de financiamiento que podrían acelerar la adopción de este modelo, entre ellos fondos climáticos, bonos verdes, hipotecas verdes y préstamos concesionales, instrumentos que permitirían impulsar tanto la construcción de nuevas viviendas como el mejoramiento del parque habitacional existente frente al incremento de los fenómenos asociados al cambio climático.