Ciudad de México, 30 jul (EFE).- Las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano detuvieron este jueves a Ramón Ángel 'N', alias R1, líder criminal de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre del 2025.
Este arresto lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien afirmó que el sospechoso de haber organizado el homicidio contra Manzo fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación.
"Es identificado como el principal líder de 'Los Rs', una de las células (facciones) criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, (estado de) Michoacán, así como en Jalisco", aseguró en X.
García Harfuch explicó que este grupo criminal está vinculado con episodios de extorsión, homicidio y tráfico de drogas, "afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región".
El secretario de Seguridad apuntó que con esta última detención ya suman 31 arrestados por el "cobarde homicidio" de Carlos Manzo, un crimen que conmocionó a México y desató una oleada de protestas por la crisis de seguridad que vive el país.
En el operativo que culminó con la detención de R1 participaron agentes federales y militares, en coordinación con autoridades estatales de la Fiscalía General de Justicia de Michoacan.
"Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación", concluyó.
El 1 de noviembre de 2025 murió asesinado a balazos el alcalde de Uruapan durante un evento público por el Día de Muertos.
Por este homicidio ya han quedado detenidos criminales vinculados al CJNG que atentaron contra el político, así como varios escoltas de Manzo acusados de participar en los preparativos del ataque mortal.
Este asesinato evidenció la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, lo que obligó al Gobierno federal a implementar un plan especial de seguridad y social en el estado de Michoacán, donde ocurrió el magnicidio.
En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.
(c) Agencia EFE