La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, escaló el viernes su conflicto con el poder judicial, tras acusar de "golpistas" a los magistrados de la máxima corte que a su vez denuncian una deriva autoritaria de la mandataria derechista.
Fernández, en el poder desde mayo pasado, mantiene una pugna con las altas cortes a las que acusa de una inoperancia que alienta al crimen organizado, al que responsabiliza del aumento de la violencia en el país que fue considerado por años uno de los más seguros de la región.
El choque de poderes se inició con Rodrigo Chaves, el anterior presidente y mentor de Fernández, de quien ahora es ministro.
Las hostilidades se intensificaron a raíz de una decisión de la Corte Suprema, que el jueves prorrogó el período de sus magistrados suplentes tras vencer en diciembre pasado.
Los nuevos jueces debían ser elegidos por la Asamblea Legislativa, de una lista propuesta por la Corte, pero la mayoría oficialista dilató la designación. Los togados adujeron que pretendían evitar una parálisis del sistema de justicia.
"Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorga poderes que ni la Constitución política ni los instrumentos internacionales le han dado", dijo Fernández en un mensaje al país.
La decisión de la Sala Constitucional también obliga a los diputados a eligir sobre la lista enviada por la Corte.
Fernández lleva adelante una reforma judicial que plantea cambios que, según juristas y opositores, comprometerían el principio de imparcialidad.
En ese contexto, magistrados y líderes de oposición acusan a Fernández de pretender asfixiar a la Corte con un recorte drástico del presupuesto.
"El proceso de cierre del poder judicial ya comenzó (...). En el pasado las democracias acababan con golpes de Estado, en el presente acaban con golpes presupuestarios y ¿hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo", afirmó recientemente el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya.
"¿Cómo va a hablar el gobierno de un golpe de Estado, cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear al poder judicial al no nombrar magistrados", cuestionó el diputado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta.
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