El gobierno de Ecuador desplegó el lunes 4.000 policías y militares en Quito para reforzar la seguridad en la capital, tras el hallazgo de un cuerpo decapitado y denuncias por la desaparición de personas en las últimas semanas.
Aunque no alcanza los niveles de violencia de la costera Guayaquil (suroeste), considerada epicentro de la guerra entre bandas del narcotráfico, Quito es afectada por la criminalidad. Desde mediados de junio está bajo estado de excepción.
La situación en la capital "no es crítica, pero no voy a dejar que se haga crítica, yo no voy a esperar que crezca el problema", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con Radio Quito.
En junio, la policía desactivó bombas en una dependencia pública y en un complejo judicial.
La semana pasada, un cuerpo embalado y decapitado apareció colgado en un puente de la ciudad, donde viven casi tres millones de personas. A eso se suman denuncias de personas desaparecidas, ataques armados y homicidios en sectores populares.
Reimberg aseguró que la violencia "es el resultado del ataque que hemos hecho a los grupos criminales".
Los uniformados estarán en la capital "el tiempo que sea necesario", dijo el ministro al precisar que se ubicarán especialmente en las afueras de escuelas, colegios, universidades, centros comerciales y estaciones de metro, donde hay gran afluencia de personas.
La noche de este lunes policías motorizados se desplegaron por el centro financiero de la ciudad y en los alrededores de una universidad.
La semana pasada el alcalde de Quito, el opositor Pabel Muñoz, dijo a periodistas: "El momento en que en un combate, una guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada se pierde la capital de la república, cualquiera que sea este país, ese seguramente es un paso de no vuelta atrás".
Ecuador encara hechos de violencia sin precedentes producto del enfrentamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
En 2025, fue uno de los países más violentos de Latinoamérica. Ese año se reportaron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.
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