El tribunal de paz de Colombia imputó este martes a 27 exguerrilleros, entre ellos a su exjefe máximo y otros miembros de la cúpula de la extinta guerrilla FARC, por crímenes de lesa humanidad, incluido un "patrón" de violencia sexual a lo largo del conflicto armado.
La Jurisdicción para la Paz (JEP), nacida del acuerdo con la guerrilla FARC en 2016, anunció las imputaciones contra los "máximos responsables" por "atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos, violación, violencia sexual y otros hechos", según un comunicado en X.
La JEP juzga los peores crímenes del conflicto armado colombiano y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus actos y reparen a las víctimas.
Entre los llamados a comparecer por este caso están cuatro comandantes del último secretariado de las FARC incluido Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que firmó el histórico pacto que llevó al entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) a obtener el Premio Nobel de Paz.
Todos ellos, tras firmar la paz, ya se habían sometido a la justicia transicional, que considera que asumieron su responsabilidad en los crímenes cometidos por sus filas y han aportado a esclarecer la verdad histórica.
El año pasado recibieron sus primeras condenas por una investigación sobre secuestros masivos. Fueron sentenciados a ocho años con restricciones a la movilidad y trabajos comunitarios que arrancarán los próximos meses.
Los acusados son considerados responsables en este nuevo caso "por acción o por omisión" en diversos crímenes, según la jueza Julieta Lemaitre, quien relató estremecedores casos de vejámenes a civiles y considera que dentro de las filas rebeldes se estableció un "patrón" de violencia sexual.
"El hecho de que (los comandantes) no controlaran a la tropa genera igualmente responsabilidad penal", dijo.
A la espera de sentencias faltantes por otros crímenes, incluidos aquellos cometidos por fuerzas estatales asociados a escuadrones paramilitares, la JEP recibe duras críticas de sectores políticos que consideran blandas las penas contra exguerrilleros y rechazan las investigaciones contra la fuerza pública.
En campaña, el presidente electo Abelardo de la Espriella, que venció a la izquierda gobernante en las elecciones y asumirá el poder el viernes, prometió desmantelar la JEP, que califica como un "tribunal de venganza" que emite condenas con "asimetría".
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