Asunción, 6 ago (EFE).- El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad que administra la seguridad social en Paraguay, Jorge Brítez, quedó este jueves en libertad ambulatoria, pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva dentro de una investigación por un presunto perjuicio patrimonial de 10,2 millones de dólares relacionado con la contratación de quirófanos modulares.
El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia concedió la medida al considerar que Brítez compareció voluntariamente ante la Justicia, lo que reducía el riesgo de fuga, y tuvo en cuenta además que el exfuncionario, de más de 70 años, presentó un inmueble como garantía económica.
La Fiscalía sostiene que Brítez, otro expresidente del IPS y siete personas más autorizaron prórrogas y pagos por un total de 10,2 millones de dólares para un proyecto de instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS que, según la investigación, no podía ejecutarse por falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura.
El magistrado aceptó como garantía económica un inmueble valorado en 1.000 millones de guaraníes (unos 168.146 dólares) de propiedad del imputado, que ejerció el cargo entre agosto de 2023 y abril de 2026.
Brítez no declaró a la prensa tras concluir la audiencia, pero su abogado, José Fernández Zacur, dijo a periodistas que le parece "justa" la decisión del juez.
"La intención es colaborar con la investigación y que cada quien responda por lo que tiene que responder", sostuvo el defensor.
La Fiscalía de Paraguay imputó el martes pasado a Brítez junto al también expresidente de la IPS Vicente Bataglia (quien ejerció el cargo entre 2021 y 2023) y a otras siete personas.
Bataglia se encuentra en Italia y tiene pensado volver a Paraguay para afrontar el proceso judicial, declaró en la víspera su abogado, Jorge Arturo Daniel, a la radio La Tribu.
Según la investigación fiscal, los acusados son presuntos responsables de haber otorgado prórrogas y autorizado pagos iniciales "sin la debida justificación", por un valor de 53.000 millones de guaraníes (8.878.495,28 dólares), a una firma que instalaría los quirófanos.
Posteriormente, se autorizaron otros pagos y se alcanzó la cifra de 61.000 millones de guaraníes (10,2 millones de dólares), "pese a conocer que la ejecución del contrato no podía concretarse debido a la falta de planificación y evaluación previa de la infraestructura edilicia donde debían instalarse los quirófanos modulares", detalló la Fiscalía.
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