Miles de personas protestaron el jueves en Costa Rica contra lo que consideran una amenaza de la presidenta Laura Fernández al poder judicial de este país reconocido como una de las democracias más estables del continente.
La mandataria de derecha, en el poder desde mayo, impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado.
El conflicto se agudizó la semana pasada tras la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de prorrogar el período de sus magistrados suplentes, luego de que el bloque oficialista, mayoritario en la Asamblea legislativa, devolviera dos veces la nómina de aspirantes propuesta por el tribunal.
Fernández tachó a los magistrados de "golpistas", mientras uno de ellos denunció una deriva autoritaria del gobierno, cuya propuesta de reforma es criticada porque supuestamente afectaría la imparcialidad de la justicia.
Con proclamas en defensa de la división de poderes, miles de personas se manifestaron pacíficamente el jueves en la Plaza de la Democracia, en en centro de la capital, San José.
"Todos debemos defender nuestra democracia (...). Estamos aquí para que (el gobierno) no tome el poder judicial", declaró a la AFP April Rodríguez, tatuadora de 28 años, quien participó en el llamado plantón en defensa de la democracia y la justicia.
"El pueblo al fin despertó al sentir amenazada su democracia", señaló por su parte Allen Solera, publicista de 56 años.
Los manifestantes también exhibieron carteles con mensajes como "las resoluciones judiciales no son golpe de Estado" y "la justicia debe responder a la ley, no a las presiones". La protesta se replicó en otras provincias.
Además, exigieron la salida del expresidente Rodrigo Chaves, mentor de Fernández y actual ministro de Hacienda, con cánticos de "¡fuera Chaves!". El exmandatario también mantuvo un duro enfrentamiento con el poder judicial.
A la protesta se sumaron altos funcionarios como el fiscal general, Carlo Díaz, y el jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, blanco de los ataques de la presidenta, así como el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Al prorrogar el mandato de sus colegas, los magistrados constitucionales aseguraron que la medida buscaba evitar una parálisis, pero el pasado lunes la presidenta acompañó a su bancada a interponer una demanda en su contra por supuesta usurpación de poderes ante la Corte Suprema.