El discurso oficial celebra constantemente que la violencia está bajando gracias al despliegue y los operativos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el más reciente reporte de México Evalúa, "Violencia letal en México al primer semestre de 2026: tendencias, patrones territoriales y su relación con los resultados operativos del gobierno federal", pone bajo la lupa esta narrativa de éxito mediante un análisis con datos duros.
El estudio no encuentra evidencia suficiente para asegurar que los despliegues del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional sean la causa de que la violencia disminuya.
El informe indica que, aunque hay un descenso marginal en la violencia letal desde su pico en 2024 hasta mediados de 2026, "su nivel todavía es 26.1 % mayor que en 2015". Es decir que pese al descenso reciente, la violencia letal permanece muy por encima del nivel registrado en 2015.
En México 7 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego. Foto: Cuartoscuro
En entrevista con Animal Político, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, aclara que "si bien es cierto que en los datos oficiales (…) vemos una caída desde el pico más alto que fue de 2024 a 2026, la realidad es que apenas tenemos probablemente un cambio de tendencia, no una reducción sostenida que nos dé cuenta de un cambio estructural".
Vargas señala que venimos de casi una década donde "la violencia letal en todo su conjunto vino incrementando de 2015 a 2024, prácticamente una década de crecimiento casi ininterrumpido", por lo que "apenas estamos viendo una reducción de dos años. Esto no da cuenta de un proceso de pacificación".
Para evaluar si el país está más seguro, el gobierno suele mirar principalmente un solo dato: los homicidios dolosos. Para México Evalúa la violencia letal es un fenómeno complejo que incluye otras tragedias: homicidios culposos, feminicidios, personas desaparecidas y otros delitos que atentan contra la vida.
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El reporte señala que "en la mitad de las entidades donde el homicidio doloso se redujo desde 2015, se agregó la letalidad total". Es decir, en ocho estados del país (como Quintana Roo, Nayarit o Jalisco), los asesinatos bajaron, pero las desapariciones y otros ataques violentos contra la vida subieron tanto que la violencia letal en su conjunto terminó aumentando.
Apenas estamos viendo una reducción de dos años, y eso no da cuenta de un proceso de pacificación, afirma especialista. Foto: Cuartoscuro
El principal argumento del gobierno para defender su estrategia es que a más patrullajes y capturas de sospechosos, más seguridad. Para auditar esto y a falta de bases de datos oficiales abiertas, los investigadores de México Evalúa revisaron y capturaron manualmente la información de "más de 1,700 comunicados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)" emitidos entre finales de 2024 y junio de 2026.
Al cruzar los datos de detenciones y decomisos con las cifras de violencia, encontraron una correlación muy fuerte (por ejemplo, de 0.59 en detenciones). Pero esto no significa que las capturas de presuntos delincuentes estén bajando los homicidios, sino todo lo contrario: el gobierno manda fuerzas de seguridad a los lugares donde la violencia está desatada.
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Vargas lo explica con otra analogía: "encontramos una correlación positiva, es decir, que a donde hay mayor violencia, hay mayor intervención del Estado, mayor número de detenciones (…) es como notar que donde hay más incendios hay más bomberos. Nadie concluiría que los bomberos causan los incendios; van a donde el fuego ya está".
En este sentido, el despliegue militar opera como una respuesta reactiva y no una solución preventiva contra la delincuencia.
¿Qué pasa realmente un mes, dos meses o tres meses después de que se realiza un gran operativo federal en un estado? México Evalúa encontró que "ninguna de las seis acciones [operativas federales] presenta un resultado estadísticamente distinguible de cero de manera sostenida".
Esto ocurre por un fenómeno estadístico llamado "reversión a la media". En términos simples, si la violencia llega a un pico exageradamente alto en un municipio, lo natural es que en las semanas siguientes baje por inercia propia.
México, sin una política de ciclo completo de armas que permita desmantelar estructuras que las ponen en circulación. Foto: Cuartoscuro
De hecho, al evaluar la fuerza conjunta del gobierno mediante un índice general, el reporte identificó una ligera señal de reducción "a un mes, pero esta señal desaparece por completo a dos y tres meses". El efecto de calma aparente dura apenas unas semanas y después se esfuma.
Armando Vargas es contundente en que "la violencia tiende a regresar a niveles previos a los que ya estaban en el operativo (…) Estadísticamente tendríamos que ver que la violencia se reduce de manera constante y así se mantiene a lo largo del tiempo, algo que nosotros no logramos identificar con el ejercicio estadístico que hicimos".
Sin embargo, no todo es desalentador. Al analizar detenidamente cada acción, hay una política pública que muestra un camino: el decomiso de armas de fuego.
Este hallazgo tiene sentido si consideramos que "7 de cada 10 homicidios en México se cometen con arma de fuego". Armando Vargas destaca este punto con optimismo: "de todo lo que hace el gobierno federal, aquella que tiene la mejor plausibilidad o el mejor soporte estadístico, aunque no encontramos significancia, es el decomiso de armas (…) Tiene mucho sentido que al retirar las armas de fuego, que son un factor de oportunidad habilitante, haya menos homicidios".
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No obstante, Vargas advierte que el avance es limitado porque "no tenemos en México una política de ciclo completo de armas que nos permita desmantelar las estructuras que las ponen en circulación". Es decir que el decomiso ayuda, pero si no se frena el tráfico de armas desde las fronteras, el problema resurge.
Finalmente, México Evalúa denuncia que la falta de datos transparentes limitó el alcance de la auditoría. Por ejemplo, mientras el gobierno federal declaró haber decomisado cerca de 30 mil armas, en sus comunicados escritos solo fue posible rastrear y verificar de manera individual unas 12 mil. "O sea, no tuvimos acceso ni al 50 %" de los datos reales, lamenta Vargas. "Para probarlo bien, de verdad, haría falta algo que hoy no tenemos, que el gobierno publique la información completa de sus operativos. por estado y por mes", explica el especialista.