Colombia podría necesitar recursos equivalentes a cerca del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) para atender inicialmente las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, según una primera estimación de BTG Pactual.
El cálculo, de aproximadamente $20 billones (US$6.350 millones), corresponde a una aproximación inicial de los recursos necesarios para comenzar las labores de atención y reconstrucción, y no a una valoración definitiva de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.
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Munir Jalil, economista en jefe para la región Andina de BTG Pactual, citado por Bloomberg, explicó que todavía es temprano para establecer el costo total de la emergencia. Sin embargo, consideró que el país debería contar inicialmente con una suma cercana al 1% del PIB para enfrentar sus efectos.
La emergencia ocurrió tres días después de la posesión del presidente Abelardo De la Espriella y llega en un momento en el que las cuentas públicas ya enfrentaban restricciones importantes.
"Sin lugar a dudas no hay plata", señaló Jalil al analizar la capacidad fiscal disponible, según declaraciones citadas por Bloomberg.
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Antes del terremoto, el Gobierno había anunciado un recorte de $20 billones, equivalentes a unos US$6.350 millones y cerca de 1% del PIB, como parte de su estrategia para reducir el gasto público.
Para BTG Pactual, ese ajuste representaba una primera cuota dentro del proceso de consolidación fiscal, frente a una brecha presupuestal cercana a $30 billones (US$9.500 millones).
Los cálculos de la firma muestran que el déficit fiscal cerró 2025 en 6,36% del PIB, mientras que el déficit primario se deterioró hasta 3,55%. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios se encuentran por debajo del 17% del PIB, frente a un gasto público que se mantiene alrededor del 23%.
Con el terremoto, las necesidades de financiación podrían aumentar en una magnitud similar al recorte anunciado previamente.
Esto no significa necesariamente que el Gobierno abandone sus planes de ajuste fiscal,pero sí que su ejecución podría demorarse. Jalil explicó que algunas medidas podrían mantenerse, aunque su implementación tendría que esperar ante las nuevas necesidades de gasto.
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Una de las alternativas que podría evaluar el Gobierno es la declaratoria de una emergencia económica, mecanismo que permitiría adoptar medidas extraordinarias para obtener recursos adicionales destinados a enfrentar la emergencia.
En ese escenario,BTG Pactual considera que el Gobierno podría requerir inicialmente recursos cercanos al 1% del PIB, es decir, unos $20 billones.
La magnitud de esta eventual necesidad pone de manifiesto el desafío que enfrenta el nuevo Gobierno: atender una emergencia de gran escala al mismo tiempo que busca reducir el déficit y contener el gasto público.
El terremoto también podría obligar a modificar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que había sido presentado antes de la llegada de la nueva administración.
El proyecto contemplaba un presupuesto de aproximadamente $575 billones y ya incluía el recorte de $20 billones anunciado por el Gobierno.
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Ahora, según el análisis de BTG Pactual, sería necesario incorporar nuevas partidas para atender la reconstrucción.
De concretarse ese escenario, los recursos adicionales para la emergencia tendrían una magnitud equivalente al ajuste que el Gobierno había planteado previamente para reducir el gasto.
Jalil consideró conveniente que el Congreso permita revisar el proyecto presupuestal para incorporar las nuevas necesidades de reconstrucción que no estaban contempladas inicialmente.
"Va a tocar poner partidas de reconstrucción que no estaban", afirmó Jalil.
La presión fiscal se suma, además, al incremento de la carga financiera del Estado.
De acuerdo con las cifras presentadas por BTG Pactual, el gasto destinado al servicio de la deuda aumentaría 29% y llegaría a $118 billones (US$37.460 millones) el próximo año.
Ese monto sería incluso superior a los $89 billones (US$28.254 millones) previstos para inversión pública.
El panorama reduce el margen de maniobra del Gobierno para reasignar recursos sin afectar otras áreas del presupuesto, especialmente si las necesidades de reconstrucción aumentan a medida que avance la evaluación de los daños.
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En este contexto, BTG Pactual también identifica la necesidad de fortalecer los ingresos tributarios.
El Gobierno tiene previsto presentar una reforma tributaria "estructural" en septiembre, que buscaría el ajuste fiscal que contempla reducir en 1% el gasto público, además de reperfilar la deuda.
La entidad financiera advierte, además, que el comportamiento reciente del recaudo ha recibido apoyo de anticipos y que una parte importante del gasto público es inflexible, lo que limita la capacidad de reducir rápidamente las obligaciones del Estado.
La discusión fiscal, por tanto, tendrá que incorporar tanto las metas de consolidación de las finanzas públicas como los recursos que demande la reconstrucción.
Mientras el Gobierno define las necesidades fiscales que dejará la emergencia, la cooperación internacional ya comenzó a movilizar recursos para apoyar la atención y evaluación de los daños causados por el terremoto.
Las ayudas anunciadas hasta ahora superan los $3.800 millones, cerca de US$1,2 millones, de acuerdo con los recursos reportados por organismos internacionales.
Desde Manizales, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que el Banco Mundial dispuso recursos de cooperación para respaldar la evaluación de los daños ocasionados por el sismo. En total, el organismo anunció US$200.000, unos $630 millones, en recursos de donación y sin crédito para esta labor.
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Adicionalmente, se habilitaron US$350.000 para la Cruz Roja y US$150.000 para asistencia técnica, con el propósito de fortalecer la respuesta durante las primeras horas de la emergencia.
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A este paquete se sumó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que anunció US$500.000, equivalentes a unos $1.580 millones, en cooperación técnica no reembolsable para apoyar las acciones de respuesta tras el terremoto.
Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó que aportará otros US$500.000, cerca de $1.580 millones, destinados a atender las necesidades humanitarias generadas por la emergencia.
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