Cientos de personas han muerto en el año transcurrido desde que el Ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear embarcaciones que acusaba de transportar drogas frente a las costas caribeñas y pacíficas de América Latina. Ahora, la administración Trump dice que busca extender esa campaña letal a tierra, buscando acuerdos que pondrían a las fuerzas estadounidenses en territorio de naciones aliadas en toda la región.
El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, siguiendo el ejemplo de Ecuador, que lanzó misiones similares con EEUU en marzo. Sin embargo, Guatemala ha negado haber alcanzado tal acuerdo.
Será "como vieron con los ataques a las embarcaciones de drogas", dijo Hegseth durante un ejercicio militar en la selva de Panamá. "El mismo efecto en tierra. Así que estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha (a las organizaciones terroristas designadas) en tierra".
La expansión marca una nueva fase en la campaña de la administración Trump para presionar a los gobiernos de América Latina a alinearse con sus prioridades de seguridad y afirmar lo que llama "la dominación estadounidense sobre el hemisferio occidental".
Los votantes de la región están adoptando cada vez más a líderes alineados con Trump, lo que da a Washington socios más dispuestos. Pero los críticos advierten que la ampliación de la campaña militar estadounidense pone en riesgo a civiles y podría provocar una reacción contra EEUU que perdure más allá de la administración republicana.
"Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar el uso creciente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región", dijo Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. "Proyecta poder, demuestra superioridad militar y permite a Washington imponer su agenda. Esto no es cooperación, es obviamente una relación muy asimétrica".
El Ejército de EEUU ha operado en América Latina durante generaciones, suministrando armas, inteligencia y entrenamiento a aliados para combatir el narcotráfico, dejando a la vez un legado conflictivo de apoyo a golpes militares y dictaduras.
Pero desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, Washington ha adoptado su enfoque más intervencionista en la región en décadas.
Su administración ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como "organizaciones terroristas extranjeras", ha enviado fuerzas estadounidenses a Venezuela para capturar a su presidente e involucrado a agentes de la CIA en redadas contra laboratorios de drogas en México. Ha matado a más de 200 personas en más de 60 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, ofreciendo pocas pruebas de que los objetivos fueran "narcoterroristas" y generando preguntas sobre la legalidad de los ataques.
Pero operaciones de combate sostenidas de EEUU junto a fuerzas locales serían "nuevas y diferentes", dijo William LeoGrande, especialista en América Latina de la American University, poniendo a prueba sensibilidades profundamente arraigadas sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas estadounidenses.
Hegseth ofreció pocos detalles sobre cómo serían las operaciones conjuntas con Colombia, Guatemala y Honduras. Pero en Colombia, donde el aliado de Trump, Abelardo de la Espriella, asumió la presidencia este mes, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participen en ataques contra grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el último gran grupo guerrillero de Colombia. Hegseth dijo que De la Espriella había solicitado una mayor participación militar de EEUU.
"En cualquier lugar donde trafiques drogas o amenaces al pueblo estadounidense o a nuestros socios, eres un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda", dijo Hegseth, equiparando a los narcotraficantes con los grupos extremistas islámicos que dominaron las prioridades de seguridad nacional de EEUU durante décadas.
El sábado, tras un ataque con drones del ELN contra tropas, De la Espriella prometió que los rebeldes "pagarán un alto precio".
Ecuador ha surgido como el caso más claro de participación militar directa de EEUU, lanzando redadas conjuntas con Washington a pesar de que los votantes rechazaron abrumadoramente las bases militares extranjeras en un referéndum en noviembre de 2025. Una investigación del diario The New York Times encontró que un ataque a un supuesto laboratorio de drogas en marzo, en cambio, destruyó una finca ganadera.
El impulso para extender tales acuerdos ha ganado mayor tracción entre los aliados ideológicos de Trump en la región: líderes conservadores elegidos en los últimos meses con promesas de tomar medidas agresivas contra el crimen.
Guatemala destaca como una excepción. Su gobierno progresista ha trabajado estrechamente con Washington en materia de seguridad a pesar de las diferencias políticas. Pero el presidente Bernardo Arévalo ha negado haber acordado operaciones conjuntas antidrogas, diciendo que serían ilegales sin la aprobación del Congreso.
Honduras, Colombia y Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Hegseth.
Un caso notablemente atípico en la nueva alianza antinarcóticos de EEUU es México, una fuente y punto de tránsito importante para el fentanilo y otras drogas que ingresan a Estados Unidos. La presidenta progresista Claudia Sheinbaum ha cooperado estrechamente con Washington en materia de seguridad, pero ha resistido la creciente presión para que el Ejército estadounidense participe en la lucha contra los carteles en suelo mexicano.
"En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa 'operaciones conjuntas' en cada uno de estos países. Puede descubrir bastante rápido que esto es algo con lo que la mayoría de los gobiernos —incluso los gobiernos de derecha— se sienten bastante incómodos", dijo Adam Isacson, analista de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Observadores cuestionan si un enfoque más militarizado produciría ganancias de seguridad duraderas. Shifter dijo que la campaña puede servir en parte como una demostración de fuerza, basándose en la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras la administración Trump busca compensar reveses en política exterior en otros lugares, incluido Oriente Medio.
Otros advierten que la estrategia corre el riesgo de causar víctimas civiles, particularmente en Colombia, donde los grupos armados operan entre la población civil y a menudo funcionan como autoridades de facto en áreas fuera del alcance del Estado. En lugar de derrotar a esos grupos, los ataques militares probablemente los obligarán a adaptarse, dijo Jeremy McDermott, codirector de la organización investigativa InSight Crime, con sede en Colombia.
"Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿cuál es la primera cosa que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a trasladar a los pueblos y ciudades", dijo.
A largo plazo, dicen los expertos, una mayor participación militar de EEUU podría poner a prueba hasta dónde están dispuestos los votantes a anteponer la seguridad a la soberanía, lo que podría limitar incluso a los aliados más cercanos de Trump.
"Todos estos presidentes, sin importar cuán a la derecha estén, enfrentan presión para hacer algo respecto a la seguridad y para demostrar que persiguen a los 'malos' que hacen sentir insegura a la gente. Hay un amplio consenso en eso", dijo Isacson. "Pero también saben que solo hay tanta soberanía que pueden ceder antes de que la opinión pública comience a volverse en su contra".
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