Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, permanece recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué desde el pasado 7 de agosto, cuando fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá.
Su abogada, Wendy Herrera, habló sobre las condiciones en las que se encuentra la empresaria y explicó las acciones jurídicas que adelanta su defensa para intentar reducir el tiempo que deberá permanecer privada de la libertad.
En entrevista con La Red, Herrera aseguró que el traslado fue autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y descartó que la decisión hubiera sido ordenada directamente por el presidente de la República.
"Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado; ese traslado lo autorizó el Inpec", afirmó.
La defensora aseguró que Barrera no se encuentra bien emocionalmente, aunque actualmente estaría segura y acompañada por otras mujeres privadas de la libertad.
Según Herrera, uno de los factores que más afecta a la empresaria es no poder compartir con su hija pequeña. La abogada afirmó que su representada presenta ansiedad y atraviesa un proceso psicológico que requiere acompañamiento profesional.
"No te puedo decir que está bien porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel", manifestó.
Herrera también se refirió a las versiones sobre supuestos privilegios que Epa Colombia habría tenido durante su permanencia en la Escuela de Carabineros, entre ellos presuntos procedimientos estéticos.
La abogada aclaró que no puede confirmar esas situaciones, pues no era la representante legal de Barrera cuando ocurrieron. No obstante, señaló que su defendida le contó que en ese lugar se habrían realizado procedimientos, fiestas y bautizos. Será responsabilidad de las autoridades establecer qué ocurrió.
Epa Colombia permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025 y cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial y daño en bien ajeno.
Herrera explicó que una de las vías que analiza es la revisión de las horas de trabajo reconocidas a Barrera. Según la abogada, su representada trabajaba en una granja, pero algunas de esas horas no habrían sido contabilizadas para una eventual reducción de la pena.
"Estoy en esa tarea de poder saber cuál es la razón, el porqué se le está negando, y ajustarlo", explicó.
La defensora también destacó el proceso de resocialización de Barrera y aseguró que espera que pueda recuperar su libertad y retomar sus proyectos personales y empresariales.
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