Como un monstruo insaciable, las organizaciones criminales mexicanas "devoran" a quienes reclutan para sus fines. De acuerdo con un artículo de la revista Science, en 2022, los cárteles habrían reclutado entre 350 y 370 personas por semana para seguir operando.
"Necesitan reemplazar continuamente a las personas que son detenidas, asesinadas, desaparecidas o que abandonan sus filas", apunta el Dr. Aurelio Coronado Mares, psicólogo forense y rector del Instituto Ciencia Aplicada.
En la actualidad, el crimen organizado está diversificando sus tácticas para captar a personas cada vez más jóvenes, ya sea mediante engaños o de forma forzada.
Sin embargo, la falta de un registro nacional sobre el reclutamiento de niños y adolescentes no permite conocer la dimensión real de este fenómeno en México.
"El Estado mexicano registra homicidios, desapariciones, detenciones y delitos, pero rara vez reconstruye la trayectoria previa: cómo fue contactada la persona, quién la trasladó, si hubo engaño, amenazas, deudas, retención de documentos, violencia contra su familia o imposibilidad material de abandonar la organización criminal", explica el psicólogo forense Coronado.
Con el Plan Cuautla, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca erradicar la violencia en el oriente del estado de Morelos, donde colectivos buscadores denuncian un aumento del reclutamiento de jóvenes por parte de redes criminales.
La estrategia gubernamental, activa desde julio de 2026, no solo contempla el refuerzo de la seguridad en la región, sino que pone especial énfasis en la atención integral a las causas. ¿Puede el Plan Cuautla combatir el fenómeno del reclutamiento juvenil y servir de modelo al resto del país?
A juicio de Coronado, "el planteamiento general del Plan Cuautla es acertado, porque reconoce que la seguridad no puede depender exclusivamente de operativos, patrullajes y detenciones. Vincular educación, empleo, cultura, deporte, salud y recuperación del espacio público es más razonable que esperar que una intervención policial resuelva un problema que también tiene raíces sociales, económicas y comunitarias".
Sin embargo, en entrevista con DW, el experto sostiene que una política efectiva va más allá de las actividades deportivas, culturales y recreativas, puesto que debe "producir alternativas reales: permanencia escolar, trabajo digno, ingresos, acompañamiento familiar, salud mental, protección frente a amenazas y espacios de participación juvenil".
Asimismo, el psicólogo forense agrega que es necesario distinguir entre la existencia de programas y su impacto real.
Por su parte, Luis Felipe Ríos Reyes, director de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en el municipio de Cuautla, Morelos, explica en mayor detalle los principales programas para "reducir los factores de riesgo social, fomentar entornos más seguros y pacíficos, e impulsar el desarrollo integral de las personas".
Escuela Segura, por ejemplo, es un programa que "promueve el respeto y el trabajo colaborativo en la comunidad escolar", según Ríos, a través de talleres de prevención de adicciones, violencia escolar, uso adecuado de redes sociales, entre otros.
Además, prosigue, se busca promover desde los más pequeños la cultura de la denuncia de delitos y autoprotección.
Comunidad Segura es un programa que fomenta la cohesión social mediante la recuperación de espacios públicos, conformación de redes vecinales y el fortalecimiento del tejido social.
El programa Educación Vial tiene como objetivo la prevención de accidentes.
Finalmente, Patrulla Juvenil es un programa de formación integral enfocado en niños y adolescentes de entre siete y 17 años.
"Combina disciplina básica, acondicionamiento físico, valores cívicos, primeros auxilios, defensa personal, campismo y actividades que benefician a la comunidad, como la arborización", cuenta a DW el director de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana en el municipio de Cuautla.
En la foto de archivo de 2020, niños reclutados apoyan a la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, que se defiende del grupo criminal Los Ardillos.Hector Adolfo Quintanar Perez/ZUMA Wire/picture alliance
Si bien uno de los objetivos declarados del Plan Cuautla es hacer frente al fenómeno del reclutamiento juvenil, no es el primero ni único de su tipo.
"El Estado mexicano tiene conciencia de esta problemática desde hace más de una década", asegura el Dr. Juan Antonio Taguenca Belmonte, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
No obstante, el académico critica que, hasta la fecha, no exista una tipificación penal adecuada, que incluya el reclutamiento de niños, jóvenes y adolescentes como delito autónomo.
En entrevista con DW, Taguenca enumera las principales iniciativas para combatir este flagelo en México, como "Jóvenes Construyendo el Futuro" o "Ferias de la Paz", a nivel federal.
A nivel estatal, menciona "Jóvenes en Riesgo" (Chihuahua), "Redes de Paz" (Jalisco), "Juventudes Guanajuato" (Guanajuato) y "Barrio Adentro" (Ciudad de México).
Dada la complejidad del fenómeno del reclutamiento, el profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también insiste en la necesidad de una respuesta multidimensional, que evite, por ejemplo, la criminalización automática de los jóvenes detenidos, tomando en cuenta que, en muchos casos, se trata de víctimas del crimen organizado.
Al respecto, Aurelio Coronado agrega que hace falta una "perspectiva de macrocriminalidad", es decir, pasar del detenido individual a la estructura: "Mientras se detenga al último eslabón y no se investigue a reclutadores, transportistas y beneficiarios, las organizaciones criminales conservarán su capacidad para sustituirlo".
(rml)