Casi dos millones de personas desplazadas; y hasta hoy México no las veía

Por Hugo Corona Miguel

Imagina que una tarde, sin previo aviso, tienes que empacar lo que puedas cargar y marcharte. No a otro país. No buscando una visa. Solo alejarte de tu comunidad, de tu casa, de tu vida, porque quedarte se volvió demasiado peligroso. Eso es el desplazamiento forzado interno. Y en México, durante los últimos cinco años, le pasó a casi dos millones de personas.

Una persona desplazada interna es alguien que tuvo que abandonar su hogar o lugar de residencia habitual por la fuerza, pero que no cruzó ninguna frontera internacional. A diferencia de un refugiado, sigue dentro de su propio país. Y eso cambia todo: porque sigue siendo responsabilidad de su propio Estado.

Las causas son principalmente dos. La primera, y más frecuente en México, es la violencia: amenazas, ataques o presiones de grupos del crimen organizado que hacen imposible seguir viviendo en el lugar de origen. La segunda son las catástrofes naturales —inundaciones, huracanes, terremotos— que destruyen casas y comunidades enteras. En ambos casos, la persona no elige irse: huye.

Durante décadas, México trató el desplazamiento interno como un problema que "no existía" oficialmente. No había una ley federal que lo reconociera ni un registro nacional de afectados. Las organizaciones civiles documentaban casos con mucho esfuerzo, reportaje por reportaje, comunidad por comunidad. Pero el Estado no contaba.

Sin datos oficiales, es casi imposible diseñar políticas públicas, asignar recursos o exigir responsabilidades. La invisibilidad estadística se convierte en invisibilidad política: lo que no se mide, no se atiende. Por eso lo que acaba de publicar el INEGI no es un número más. Es un antes y un después.

La Encuesta Intercensal 2025, levantada por el INEGI entre octubre y noviembre de 2025 en cerca de 7 millones de hogares de todo el país, incluyó por primera vez en su historia una pregunta sobre desplazamiento forzado interno. La pregunta buscaba saber si algún integrante del hogar se había visto obligado a abandonar su lugar de residencia entre 2020 y 2025, y por qué.

Añadir esa pregunta no fue sencillo ni barato. Diseñarla requirió meses de consulta con expertos, organizaciones civiles y comunidades afectadas. Implica capacitar a más de 44,000 encuestadores para hacerla correctamente y sin revictimizar a quienes la responden. Significa revisar los marcos muestrales, ajustar los tiempos de entrevista, y garantizar que los datos sean representativos a nivel estatal. Es, en términos técnicos y presupuestales, una decisión de gran peso. El Estado mexicano la tomó. Y los resultados, publicados en septiembre de 2026, son contundentes.

Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, al menos 602,374 hogares en México tuvieron al menos un integrante que experimentó desplazamiento forzado interno. Traducido a personas, eso representa, aproximadamente: 1 millón 909,875 personas en hogares que sufrieron desplazamiento forzado interno.

Para tener dimensión: es más que toda la población de Querétaro o de San Luis Potosí. Son casi 2 millones de personas que el Estado mexicano, hasta hace unos meses, no podía nombrar ni contar.

Del total de hogares desplazados, la gran mayoría lo fue por inseguridad delictiva o violencia: 509,917 hogares, equivalentes al 85 % del total. Los desplazados por catástrofes naturales suman 151,852 hogares. En muchos estados, como Guerrero, ambas causas se combinan: la violencia del crimen y la vulnerabilidad ante desastres golpean a las mismas comunidades.

(Nosotrxs)

Los datos revelan una geografía clara del desplazamiento. Los estados con las tasas más altas — Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Colima — son principalmente estados expulsores: territorios donde la presencia del crimen organizado es más intensa y donde la combinación de violencia, pobreza y lejanía del Estado crea las condiciones para que comunidades enteras se quiebren.

En contraste, los estados con mayor número absoluto de hogares desplazados son los más poblados: Estado de México (75,014 hogares), Ciudad de México (47,883) y Jalisco (38,913). Esto no significa necesariamente que la violencia sea mayor ahí, sino que son los destinos. Son los estados receptores, los lugares adonde llegan quienes huyen. Y eso genera su propio conjunto de tensiones: hacinamiento, falta de servicios, discriminación.

Porque sin medición no hay política. Hasta hoy, cualquier funcionario podía decir "no tenemos datos suficientes" para justificar la inacción. Ya no. El INEGI acaba de mostrar que el fenómeno existe, que es masivo y que está en todos los estados del país. Ninguno quedó con cero desplazados.

Esto abre varias puertas que antes estaban cerradas. Primero, la posibilidad de exigir con números en mano una ley federal de desplazamiento interno, que México todavía no tiene —y cuya iniciativa fue rechazada en el Senado en 2024—. Segundo, la capacidad de diseñar programas específicos para hogares desplazados: vivienda, educación, salud, reinserción laboral. Tercero, la posibilidad de medir el avance o retroceso con el tiempo: la siguiente encuesta intercensal podrá comparar si la situación mejoró o empeoró.

La pregunta que el INEGI añadió a la encuesta más grande del país no es solo un cambio técnico. Es un acto de reconocimiento: el Estado mexicano aceptó, por fin, que estas personas existen. El siguiente paso es que actúe como si realmente lo creyera.

Casi dos millones de personas viven en hogares que alguna vez tuvieron que huir. Ahora el Estado no puede fingir que no los ve. Exijamos que los atienda.♦

Fuentes:

INEGI. Encuesta Intercensal 2025. Tabulados de desplazamiento forzado interno. Publicados el 22 de septiembre de 2026.

PDH Iberoamericana. "Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2025". Mayo 2026.

IDMC. Global Report on Internal Displacement (GRID) 2026.

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