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La Fiscalía de Brasil presentó una demanda por 108 millones de dólares contra la filial local de la petrolera Shell, a la que busca atribuir responsabilidad por parte de los daños ocasionados por las inundaciones que azotaron el sur del país en 2024 y dejaron casi 200 personas muertas.
La acción judicial sostiene que la responsabilidad de Shell Brasil debe ser proporcional a la contribución histórica de su empresa matriz al calentamiento global, estimada por los demandantes en 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Las lluvias torrenciales registradas entre abril y mayo de 2024 provocaron inundaciones históricas en el estado de Rio Grande do Sul, donde cerca de medio millón de personas fueron desplazadas y se registraron daños materiales de gran magnitud.
"Es la primera vez que un fiscal nacional demanda a una gran petrolera por una catástrofe climática", declaró a la AFP Maria Antonia Tigre, especialista del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia.
Shell Brasil, por su parte, aseguró en un correo electrónico enviado a la AFP que "no recibió notificación formal sobre el proceso mencionado".
La demanda, presentada junto con la organización ambiental Instituto Preservar, representa un nuevo episodio en los litigios internacionales que buscan establecer responsabilidades de grandes empresas por los efectos del cambio climático.
"La presente acción civil pública tiene por objeto establecer la responsabilidad civil ambiental y climática de la empresa demandada por los daños materiales y morales colectivos derivados del evento climático extremo que azotó el estado de Rio Grande do Sul entre abril y mayo de 2024", señala el documento judicial.
La Fiscalía argumenta que Shell debe responder por "su contribución histórica y continua a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la exploración, la producción y la comercialización de combustibles fósiles".
La demanda contempla una indemnización de 270 millones de reales por daños ambientales y morales colectivos relacionados con el clima, además de otros 270 millones de reales por daños materiales.
En conjunto, la Fiscalía reclama 540 millones de reales, equivalentes aproximadamente a 108 millones de dólares.
El planteamiento jurídico busca que las grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero asuman una parte de los costos económicos y sociales asociados a fenómenos climáticos extremos.
"Los costos de los daños climáticos no deben ser asumidos únicamente por la sociedad y por quienes lo han perdido todo en la tragedia. Los grandes contaminadores, que contribuyen de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático, también deben ser responsabilizados", afirmó Thales Miola, abogado del Instituto Preservar.
La acción contra Shell forma parte de una tendencia internacional de litigios que buscan establecer responsabilidades económicas de grandes compañías por su contribución a las emisiones globales.
Uno de los antecedentes se registró en Alemania, donde el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya presentó una demanda contra la energética RWE.
Aunque los jueces rechazaron la indemnización solicitada en ese caso particular, reconocieron una vía jurídica que podría permitir reclamaciones similares.
Shell también enfrenta una demanda en Reino Unido presentada por víctimas del tifón Odette, que afectó Filipinas en 2021.
En Suiza, cuatro habitantes de la isla indonesia de Pari demandaron a la cementera Holcim por los efectos del aumento del nivel del mar.
Asimismo, en Alemania, la energética RWE y la cementera Heidelberg Materials enfrentan una acción judicial promovida por agricultores pakistaníes afectados por las inundaciones de 2022.
Estos procesos reflejan los esfuerzos por determinar si las empresas con elevadas emisiones históricas pueden ser obligadas a compensar económicamente a comunidades afectadas por desastres relacionados con el cambio climático