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La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado 7 de noviembre al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el escándalo financiero de Ueno Bank, que derivó en su destitución el viernes, tras una serie de protestas de ahorristas.
El Ministerio Público informó que el exmandatario es investigado por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la causa penal número 92/2026.
"Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña", declaró la fiscal Nancy Salomón durante una conferencia de prensa, de acuerdo con información de AFP.
La investigación también alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien fue imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Además de solicitar la prisión preventiva para ambos, la Fiscalía requirió medidas patrimoniales para identificar y preservar bienes y activos financieros vinculados con los investigados.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público, la investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S. A., así como en los mecanismos de supervisión y control de la institución financiera.
Según la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2026 la entidad bancaria recibió importantes depósitos de organismos públicos y fondos previsionales, mientras realizaba operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que habrían presentado irregularidades.
La Fiscalía sostiene que Santiago Peña habría intervenido, durante su administración presidencial, en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos en el banco.
Entre los antecedentes investigados se encuentran su participación accionaria en Ueno Holding S. A. E. C. A., operaciones posteriores relacionadas con dichas acciones y reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS).
Estas actuaciones son examinadas para determinar si existieron decisiones que pudieran haber beneficiado a intereses particulares en perjuicio de recursos públicos.
Uno de los principales elementos de la investigación es el volumen de recursos estatales que se encontraban depositados en la institución financiera.
Según un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, citado por la Fiscalía, hasta septiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado colocados en Ueno Bank habrían alcanzado:
3,608 millones de millones de guaraníes aproximadamente, equivalentes a 3.61 billones de guaraníes en la escala numérica utilizada en español.
233.4 millones de dólares en depósitos denominados en moneda estadounidense.
La Fiscalía investiga las condiciones en que estos recursos fueron depositados y administrados, así como las decisiones de las autoridades involucradas.
Sin embargo, las cantidades mencionadas corresponden a fondos depositados en la institución y no representan, por sí mismas, pérdidas económicas comprobadas.
Carlos Carvallo, quien encabezó el Banco Central del Paraguay, también enfrenta una imputación relacionada con su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank.
La Fiscalía examina su anterior vinculación con Financiera Ueno, así como observaciones técnicas sobre límites de exposición crediticia, operaciones con empresas relacionadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Otro punto de la investigación es una comunicación enviada a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido presuntamente presentaría diferencias respecto de informes técnicos existentes en el Banco Central.
Como parte de las diligencias, los fiscales incorporaron documentación financiera, actas de directorio, expedientes administrativos, informes técnicos y declaraciones de testigos.
Además de formular las imputaciones, el equipo fiscal solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva de Santiago Peña y Carlos Carvallo.
También requirió la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros.
Las autoridades buscan localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados, con el objetivo de preservar los activos que pudieran estar relacionados con la investigación.
La solicitud de prisión preventiva deberá ser analizada por la autoridad judicial competente y no implica que ambos investigados hayan recibido una sentencia condenatoria.
El Ministerio Público señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer las operaciones financieras, determinar una eventual afectación de los recursos públicos y previsionales y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.