Descargá nuestra aplicación desde Playstore. 
Descargá nuestra aplicación desde Playstore. 
Manizales (Colombia), 10 nov (EFE).- Al colombiano Jorge Iván Hurtado el silencio es lo que más le recuerda el gran terremoto del 10 agosto, a tres meses de la tragedia, cuando las autoridades aún no le han comunicado si podrá regresar a su vivienda o habrá que derribarla por seguridad.
Desde el terremoto de magnitud 7,4, que dejó al menos 335 muertos en Colombia, Hurtado permanece a la espera de que las autoridades locales evalúen si el edificio "debe demolerse o puede repararse", tal y como explica a EFE este habitante de Manizales (centro-oeste) de 61 años.
En el silencio del apartamento, sus pertenencias -las camas, el sofá, la nevera- permanecen cubiertas del polvo por los cascotes del sismo, que marcó las paredes con profundas grietas.
Hurtado acababa de comprarlo y aún no había entrado a vivir. Se encuentra en el edificio Escalinata del barrio de Milán, uno de los más afectados por el temblor en Manizales, ciudad con unas 22.000 familias se vieron damnificadas y sesenta edificios quedaron totalmente colapsados.
La lista de inmuebles en la urbe con orden de demolición asciende a quince, ocho de ellos en el barrio de Milán, después de que la alcaldía -tras la correspondiente evaluación- añadiera otros dos a finales de octubre.
El hasta hace unos días secretario de Planeación del departamento de Caldas, Carlos García Guerrero, explicó a EFE que muchas edificaciones de la zona están siendo objeto de "un estudio de vulnerabilidad" tras el hecho.
El análisis técnico para determinar si hace falta una demolición o basta con una reforma estructural puede demorarse "de dos a tres meses", agregó.
Humberto Hurtado, uno de los ingenieros civiles privados contratados para estos estudios, explica que "el proceso es lento" porque el análisis es pormenorizado y posteriormente hace falta una "autorización municipal mediante resolución".
Sin embargo, considera que hasta el momento "ha habido poca ejecución en la demolición de los edificios" y que la situación en el barrio Milán apenas ha cambiado desde los días posteriores al terremoto.
La espera genera gran incertidumbre y desazón entre los afectados, que sin decisión oficial no pueden pasar la página de la tragedia, para bien o para mal.
Hurtado sigue pendiente de saber si perdió todo el dinero que invirtió en una vivienda en la que no llegó a vivir. A eso se suma la muerte de su madre, de 92 años, apenas dos semanas después del sismo, en su opinión a causa del estrés que le generó el terremoto.
Milán está lleno de estas historias. Otra de ellas es la de Claudia Leguimazón, residente y propietaria de un apartamento en Los Árboles, un edificio con orden de demolición.
"Voy a perder por completo el piso, y eso es muy duro", sentencia entre lágrimas, aunque espera contar con las ayudas de la alcaldía -300.000 pesos mensuales por hasta seis meses- y las de su seguro.
Sin embargo, como admitió Carlos García, el problema es que en Manizales, "aproximadamente el 70 % de los edificios no están asegurados", lo que obliga a las autoridades a "replantear el modo de subsidiar la adquisición de una nueva vivienda".
Las autoridades locales, además, van a tener dificultades para apoyar a los damnificados en la compra o construcción de nuevas viviendas equiparables, reconoce García.
Hurtado, sin casa y sin opciones de pensión cuando se jubile, porque ha trabajado la mayor parte de su vida en la economía informal, aún no puede encarar el futuro.
"Me ha quedado muy duro lo de mi apartamento y necesito un tiempo para estar psicológicamente mejor", reconoce.
Pablo R. Seco