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Bogotá, 23 oct (EFE).- Cuatro trabajadoras resultaron heridas este viernes por la explosión de un carro bomba en un peaje de carretera en el departamento colombiano de Casanare, en el este del país, un ataque que causó además daños en la infraestructura vial y que fue condenado por el Gobierno.
La detonación ocurrió en el peaje San Pedro, situado en la vía que comunica a los municipios de Villanueva y Monterrey, donde las mujeres, vinculadas a la empresa concesionaria de la vía, fueron trasladadas a un centro hospitalario de Villanueva, según los reportes divulgados por medios locales.
La explosión destruyó parte de las casetas del peaje y dejó escombros en la zona, por lo que las autoridades desplegaron unidades especializadas para inspeccionar el lugar y recopilar pruebas.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, rechazó el atentado y aseguró que el Gobierno trabaja con las autoridades locales para garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor vial.
"Desde el Gobierno trabajamos de inmediato con las autoridades para asegurar la zona y proteger a quienes transitan por este corredor", manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Noguera expresó además su solidaridad con las personas heridas y sus familias y afirmó que "el terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos".
Por su parte, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el ataque y anunció un consejo extraordinario de seguridad para coordinar las acciones dirigidas a identificar y capturar a los responsables.
Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que un hombre dejó el vehículo en las inmediaciones del peaje y se alejó del lugar, mientras otra persona lo esperaba en una motocicleta para facilitar su huida, según versiones difundidas por medios locales, que aún deben ser corroboradas por las autoridades.
Casanare es uno de los departamentos de los Llanos Orientales colombianos donde operan grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través del frente José David Suárez, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo emitió en julio de 2024 una alerta temprana por los riesgos para la población civil en municipios como Villanueva y Monterrey, derivados de la disputa territorial entre esas organizaciones, que incluye amenazas de desplazamiento forzado, reclutamiento y ataques con explosivos, aunque las autoridades no han atribuido hasta ahora el atentado a ninguno de esos grupos.