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A petición de la Fiscalía, un juez de Ecuador dictó este viernes prisión preventiva para Luisa González, la excandidata presidencial del movimiento correísta Revolución Ciudadana, quien fue detenida un día antes por un supuesto manejo irregular de los fondos de la campaña electoral de 2023.
González es señalada de un presunto delito de lavado de activos con base en la declaración de un testigo que afirmó haber trasladado dinero desde Venezuela, sin que se hayan presentado pruebas que respalden esa versión.
La audiencia de formulación de cargos se celebró este viernes con la líder correísta detenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil tras el arresto en la madrugada del jueves en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la costera provincia de Manabí.
El correísmo, la principal fuerza de oposición al presidente Daniel Noboa, denunció que la detención de González responde a una persecución judicial con fines políticos, a cinco semanas de las elecciones locales en el país.
González fue candidata presidencial del correísmo en las elecciones de 2023 y 2025, donde perdió en ambas ocasiones en segunda vuelta contra Noboa.
El Ministerio Público abogó también por el encarcelamiento provisional de Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil, y del exasambleísta correísta Santiago Díaz, cuyo testimonio impulsó la investigación.
Díaz aseguró en marzo haber traído dinero en efectivo desde Venezuela por orden del expresidente Rafael Correa para financiar la campaña de González en las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023.
La declaración del exasambleísta se produjo después de su expulsión de RC, en medio de acusaciones por la violación de una menor, caso por el que recibió una condena de 29 años y 4 meses de prisión.
La excandidata presidencial izquierdista Luisa González llega a un centro de votación en Canuto, provincia de Manabí, el 13 de abril de 2025 al oeste de Ecuador
Las investigaciones abiertas contra RC han derivado en la inhabilitación del partido para las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, donde los candidatos correístas aspiraban a la reelección en las principales ciudades y provincias del país, como Quito y Guayaquil.
La Fiscalía ecuatoriana indaga si la campaña de Luisa González en 2023 recibió dinero a través de una empresa de Aquiles Alvarez, otra figura opositora a Noboa que se convirtió en alcalde de Guayaquil en 2023 de la mano de la Revolución Ciudadana (RC).
El denominado caso 'Laberinto' se centra en investigar el origen y la trazabilidad de 500.000 dólares, informó este viernes el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira.
Neira habló de un chat de junio de 2023 analizado por la fiscalía en el que "un cooperador de la investigación" le escribió a un contacto guardado como "Aquiles Alvarez 1" para preguntarle "por el presupuesto global de campaña: 500.000 dólares".
"La respuesta indicaba destinar el dinero a brigadistas, camisetas y otros gastos, y pagarlo todo en efectivo", reveló el secretario general de la Administración Pública, antes de asegurar que esos mensajes forman parte de los elementos señalados para investigar la presunta participación del alcalde de Guayaquil "en el financiamiento y pago de gastos de campaña".
Alvarez, quien permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad del país, recibió dos sentencias condenatorias en primera instancia: una de tres años por no usar el grillete electrónico que se le había ordenado y otra por una investigación relacionada con la presunta distribución y comercialización ilegal de combustible. Además, es investigado por presunto lavado de activos en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles.
"Al menos otras ocho figuras vinculadas" a RC "aparecen en el alcance de esa línea de investigación, que también menciona al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia", añadió Neira en un video en su cuenta de X.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el dinero ingresó en efectivo desde Venezuela.
Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), señaló que en el período comprendido entre 2020 y 2026, el análisis financiero realizado en el caso 'Laberinto' identificó varias operaciones inusuales, como más de 400.000 dólares en ingresos sin justificación identificada, el 80 % de los cuales se recibió en apenas dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo.
"Las operaciones fueron ordenadas por terceros sin ninguna relación comercial, contractual o laboral que justificara las transacciones identificadas en el sistema financiero nacional", remarcó Patiño antes de agregar que algunas de esas personas no tenían perfiles económicos coherentes con los montos transferidos, y la mayoría de las operaciones las habrían hecho "terceros de nacionalidad venezolana y colombiana".
La Fiscalía centra su labor en responder de dónde provino el dinero, quiénes intervinieron en su circulación y cuál fue el rol de las personas naturales y jurídicas involucradas.
Con información de EFE y medios locales.