CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Luego que el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a Naciones Unidas que consideré medidas para apoyar al gobierno de México para erradicar este delito, el gobierno federal expresó su rechazo, a la par que asociaciones civiles y colectivos de búsqueda respaldaron dicha petición.
De acuerdo con el derecho internacional, señaló que la desaparición en México podría constituir un crimen de lesa humanidad no porque se produzcan a escala nacional o sean orquestados en el gobierno. "Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, en su mayoría no identificados.
La discusión, la cual conforma el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el pleno busca considerar medidas de apoyo alusivas a la prevención, investigación, castigo y erradicación de dicho crimen.
Ante la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el gobierno mexicano, a través de las Secretaría de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo debido a que "omite avances contra desapariciones forzadas desde 2018.
De acuerdo con el comunicado conjunto, dicho documento alude de forma principal a acontecimientos ocurridos en las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y no considera las acciones presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera del pasado 27 de marzo.
Cita el reconocimiento del Comité contra la Desaparición Forzada acerca de que en el país no existe alguna política para ejecutar estos delitos "generalizados y sistemáticos". "El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas", declaró.
Al rechazo de ambas dependencias, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa Martínez, criticó la "falta de rigor" del Comité contra la Desaparición Forzada.
A través de redes sociales, comentó que el CED "está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada".
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como la Glorieta por las y los Desaparecidos, y asociaciones civiles, tales como el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Pro) apoyaron la decisión del CED y expresaron su preocupación derivada del rechazo de la administración pública.
"La decisión del CED muestra la dolorosa realidad que en la actualidad vivimos miles de familias de personas desaparecidas y que el aparato del Estado mexicano intenta negar tratando de cambiar la narrativa. Esta determinación es el logro de una demanda histórica", comentó dicho colectivo.
"Lamentamos que el Estado haya calificado esta decisión como 'tendenciosa'. Esta reacción no está a la altura de la crisis y replica un patrón de descalificación a organismos internacionalescuando sus evaluaciones develan la realidad de los derechos humanos en México", dijo el Centro Pro.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, dio a conocer la actualización de la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas.
Según ella, de 1952 a 2026 existen 394 mil 645 denuncias, de las cuales 132 mil 534 (34%) corresponden a personas desaparecidas y 262 mil 111 (66%) son personas no localizadas.
De la primera cantidad, 46 mil 747 (46%) cuentan con datos calificados como insuficientes para su búsqueda y localización, 43 mil 28 (33%) no poseen actividad, y 40 mil 308 (31%) tienen actividades y registros después de la fecha de desaparición.