El presidente Daniel Noboa firmó este jueves un nuevo estado de excepción de 60 días que abarca nueve de las 24 provincias del país, además de cuatro municipios en otras tres provincias. La declaración llegó en vísperas de los tres días festivos de Semana Santa, cuando millones de ecuatorianos estaban iniciando desplazamientos hacia distintas zonas del país.
La medida tiene alcance directo sobre unas siete millones de personas, la mitad en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas del país. En total, Ecuador ronda los 18 millones de habitantes.
Mientras esté vigente la medida, quedan suspendidos dos derechos fundamentales: la inviolabilidad del domicilio y la de las comunicaciones. Esto significa que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán entrar en viviendas sin orden judicial previa e interceptar llamadas y mensajes sin autorización de ningún juez. Las Fuerzas Armadas además se desplegarán para operaciones conjuntas con la Policía contra las organizaciones criminales.
No es la primera vez que Noboa recurre a medidas de este tipo. Desde que en 2024 declaró la "guerra" al crimen organizado, ha encadenado sucesivos estados de excepción de distinto alcance territorial. El penúltimo incluyó toque de queda nocturno durante 15 días en cuatro provincias, entre ellas Guayas, cuya capital es Guayaquil.
Las provincias incluidas son principalmente costeras: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y El Oro. Estas dos últimas son fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente, y concentran parte importante del tráfico de cocaína que sale hacia Europa y Estados Unidos. A ellas se suman Pichincha, donde está Quito, y la provincia amazónica de Sucumbíos, también en la frontera colombiana.
En Sucumbíos, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han llevado a cabo recientemente operaciones con apoyo de Estados Unidos dirigidas contra los llamados Comandos de la Frontera, un grupo disidente surgido tras la desintegración de las FARC colombianas.
Pese a la cadena de estados de excepción, los resultados en materia de seguridad son escasos. Los índices de violencia no solo no bajaron tras las primeras medidas de Noboa, sino que siguieron subiendo hasta situar a Ecuador a la cabeza de América Latina en homicidios, con más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes en 2025. El debate sobre si estas herramientas de emergencia son eficaces o simplemente posponen el problema de fondo sigue abierto en el país.