Ciudad de México, 3 abr (EFE).- El sector público y privado coinciden en que la vivienda volvió al centro de la agenda en México, con un reconocimiento común al giro de la presidenta Claudia Sheinbaum a la política habitacional mediante esquemas como la renta con opción a compra y una meta de construcción que ya rebasó el millón de casas, prometido al inicio del sexenio.
Desde la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México, su presidente, Jorge Gordon, aseguró que "las iniciativas son muy bien recibidas” por el sector privado.
Añadió que, tras años de rezago, el regreso del tema a la conversación pública y a los planes de producción de vivienda representa "un primer paso", especialmente para los segmentos con menor acceso a casa propia.
El empresario Federico Cerdas, director general de Global Businesses Inc. de México, coincidió en el diagnóstico y subrayó que "el hecho de que la vivienda está en el centro de la atención del Gobierno es algo muy bueno", pues consideró que el rezago habitacional llevaba demasiado tiempo sin ocupar un lugar prioritario en la política pública.
La nueva estrategia del Gobierno mexicano ha ido tomando forma, al pasar de una meta sexenal de un millón de viviendas a 1,8 millones de casas nuevas, con una distribución de 1,2 millones a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 500.000 de la Comisión Nacional de vivienda (Conavi) y 100.000 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
En paralelo, el Gobierno reportó en julio de 2025 que ya tenía los predios para construir 186.000 viviendas ese año y un avance de 138.473, equivalente al 75 % de esa meta.
Para 2026, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que se formalizaría la construcción de más de 400.000 viviendas, con lo que se alcanzaría el 50 % de la meta sexenal.
Otro eje del nuevo enfoque es el arrendamiento social.
La reforma a la Ley del Infonavit, vigente desde el 21 de febrero de 2025, abrió la puerta para que trabajadores con al menos un año de cotización continua participen en programas de arrendamiento social y en esquemas de opción de compra, con posibilidad de reconocer las rentas pagadas a cuenta del precio final de venta.
Desde Servimet, Carlos MacKinlay enmarcó ese viraje con una definición general del momento que vive la capital: “la idea es ir a fondo, es un cambio estructural”.
En ese contexto ubicó los esfuerzos de la Ciudad de México para acompañar proyectos de vivienda asequible mediante facilidades administrativas, coordinación con desarrolladores y ferias de vivienda.
(c) Agencia EFE