Brasil ha incluido a la empresa china BYD en un registro de empleadores que han sometido a sus trabajadores a condiciones similares a la esclavitud, tras un escándalo ocurrido en 2024 en el que, según se informó, trabajadores chinos fueron víctimas de trata y de contratos abusivos.
La lista, publicada por el Ministerio del Trabajo de Brasil, supone un riesgo adicional para la reputación del fabricante de automóviles en su mayor mercado después de China.
También impide a BYD obtener determinados tipos de préstamos de los bancos brasileños, pero no afecta al funcionamiento de su única planta de automóviles en el país, para cuya construcción fueron contratados los trabajadores.
BYD no respondió a una solicitud de comentarios.
Jinjiang Group, la empresa contratista que BYD utilizó para contratar a los 163 trabajadores citados en el escándalo, ha negado las acusaciones. BYD había afirmado anteriormente que no tenía conocimiento de ninguna infracción hasta que aparecieron las noticias en medios brasileños a finales de noviembre.
Las autoridades brasileñas han argumentado que BYD es, en última instancia, responsable de las condiciones de sus trabajadores, ya que debería supervisar a sus contratistas.
Los trabajadores chinos contratados por Jinjiang en Brasil tuvieron que entregar sus pasaportes a su nuevo empleador, permitir que la mayor parte de su salario se enviara directamente a China y desembolsar un depósito de casi 900 dólares que sólo podrían recuperar tras seis meses de trabajo, según un contrato laboral al que tuvo acceso Reuters.
Una redada de los inspectores de trabajo también reveló que los trabajadores vivían hacinados en alojamientos sin colchones. Treinta y un trabajadores se apiñaban en una sola casa con un único baño y comida amontonada en el suelo junto a sus pertenencias personales, en lo que los inspectores calificaron de "condiciones degradantes". El escándalo provocó indignación internacional, incluso en China, y derivó en un retraso de varios meses en la construcción de la planta.
Pero BYD parecía haber dejado atrás el escándalo, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asistió a la inauguración de la planta en octubre, una muestra del fortalecimiento de los lazos entre Brasil y China.
Desde entonces, la planta ha producido más de 25,000 vehículos.
Las empresas pueden evitar ser incluidas en la lista firmando un acuerdo con el Gobierno en el que se comprometan a cambiar sus prácticas y a indemnizar a los trabajadores cuyos derechos fueron vulnerados.
BYD firmó un acuerdo con los fiscales laborales sobre el asunto, pero no con los inspectores de trabajo.
Las empresas sólo se añaden a la lista una vez agotadas todas las posibilidades de recurso a nivel gubernamental. Una vez incluida, la empresa permanece en la lista durante dos años, salvo que un tribunal decida eliminarla.