La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes en un informe graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, como retenciones de salarios de los participantes, amenazas de cárcel para quienes las abandonen o confiscación de pasaportes.
Esas misiones, creadas en los años 1960 por el gobierno comunista de Fidel Castro con un propósito de solidaridad y promoción en el extranjero, tomaron un giro más lucrativo a partir de los años 1990 y son hoy la principal fuente de divisas de la isla, indica el documento de la CIDH.
Según estadísticas oficiales cubanas citadas en el informe, esas misiones aportaron 4.882 millones de dólares a la isla en 2022, el 69% de los servicios exportados por el país caribeño.
Los profesionales sanitarios que participan en ellas apenas reciben, sin embargo, entre el 2,5% y el 25% de lo que los países receptores pagan a Cuba por sus servicios, mientras que el Estado retiene el resto, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos citadas en el informe.
Como resultado, la CIDH concluye que el personal implicado "no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente" ni "cubrir los costos básicos de vida".
"Me daban un pequeño estipendio (cuatro dólares) y con eso no podía comprar nada. No me alcanzaba para azúcar y café (…) Solo hacía una comida al día", relató al organismo uno de los 71 profesionales entrevistados, cuya identidad fue protegida por temor a retaliaciones.
- Represalias -
Según el documento, el Estado cubano presiona al personal sanitario para que cumpla la misión hasta el final.
Quien abandona antes del plazo fijado con el país receptor puede ser declarado desertor o emigrado y perder así todos sus derechos en Cuba, incluidos los de propiedad sobre su vivienda, y ver cómo sus familiares sufren represalias, según el informe.
El Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para los que abandonen una misión en el extranjero, así como la imposibilidad de regresar a Cuba por ocho años.
La CIDH documenta también la confiscación del pasaporte de los participantes a su llegada al país de destino, así como la retención del dinero que cobraron en cuentas bancarias "congeladas" en Cuba, a las que solo pueden acceder si vuelven a la isla.
Varios entrevistados denunciaron extensas jornadas laborales, con guardias y horas extraordinarias no remuneradas y obligatorias, a las que, en ocasiones, se suma la obligación de desempeñar "tareas de carácter político" y labores docentes.
El personal de esas misiones no puede relacionarse libremente con personas del país donde trabajan ni con cubanos residentes allí, añade la CIDH, que entrevistó a participantes en misiones de 10 países de América (Bahamas, Brasil, Bolivia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Santa Lucía y Venezuela) y de África, Oriente Medio y Asia.
A la luz de estos elementos, el organismo ve indicios compatibles con situaciones de trabajo forzoso y, en algunos casos, de trata de personas en las misiones médicas internacionales.
El 83% de los 61 testimonios que fueron recabados en países latinoamericanos proceden de Venezuela, uno de los países que más ha recurrido a las misiones cubanas desde 2003.
gma/lb