Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, enfrentó el martes 24 de marzo el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, en Brasil. Originalmente, el proceso incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel, pero finalmente obtuvo un habeas corpus de la Justicia y, tras pagar unos US$20.000 de fianza, pudo regresar a la Argentina.
A horas del fallo en Brasil, se conoció un video viral de Mariano Páez, padre de la acusada, en el que se lo ve imitando a un mono y jactándose de ser un “empresario, millonario, usurero y narco privado”. En ese contexto, la querella solicitó una indemnización mayor a las víctimas.
En un documento de 15 páginas presentado por Tamara Fejolo, abogada asistente de la acusación, se expuso una estrategia orientada a lograr una sanción económica más severa.
La querella decidió apuntar al presunto poder económico de la familia Páez, con foco en la figura del padre, quien afrontó el pago de la fianza depositada en la cuenta vinculada al proceso penal tras la concesión del habeas corpus que permitió el regreso de Agostina al país la semana pasada.
Las imágenes fueron utilizadas para reclamar a la familia un resarcimiento de poco más de US$150.000, según los alegatos finales presentados hoy y a los que tuvo acceso LA NACION.
La reciente grabación de Mariano Páez repitiendo el gesto que hizo su hija fue calificada como una “clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas”, según el escrito firmado por Fejolo. La letrada utilizó los dichos contenidos en ese video como argumento para respaldar la cuantía solicitada por el Ministerio Público.
La abogada de Agostina adelantó que desde el punto de vista jurídico lo que va a argumentar es que la joven “no puede ser responsabilizada por los hechos de su padre”. “Además es un hecho ocurrido en otro país, en otra jurisdicción, donde Brasil no tiene competencia”, enfatizó al ser consultada.
Por otro lado, aclaró que la santiagueña seguirá dando entrevistas a medios de comunicación, de los cuales -hizo saber- siempre sintió apoyo, incluso a la distancia, mientras permaneció en Brasil, por más de dos meses. “Sé que su plan es ser una embajadora antirracismo”, anticipó.
La Justicia de Río de Janeiro concedió un habeas corpus en favor de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil. La decisión, a la que tuvo acceso LA NACION, no solo le permitió retirarle la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que la autorizó expresamente a regresar a su país de origen.
Sin embargo, para que se haga efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, exigieron el pago de una caución de 60 salarios mínimos nacionales –cerca de 20.000 dólares– y que la joven declarara su domicilio actualizado en la Argentina.
Tras un cambio en su defensa, la joven pidió disculpas públicamente: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”, expresó.
La estrategia buscó que pueda afrontar el proceso desde la Argentina, mientras el tribunal brasileño comienza a definir su situación penal en una causa que generó fuerte repercusión.
En la audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia.