Colombia estableció un límite de 30% a las inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones y cesantías, una decisión que busca aumentar la participación de esas entidades en actividades de la economía interna como las obras de infraestructura, reveló este jueves un decreto del Gobierno.
La norma establece un período de transición gradual, que otorga a los fondos de pensiones un plazo de hasta cinco años para cumplir con el nuevo límite.
Los fondos deben alcanzar un nivel del 35% en tres años y la meta final de 30% en cinco años, precisó el decreto.
Con casi 20 millones de afiliados, las administradoras privadas Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual, administran un portafolio de inversiones de unos 525 billones de pesos colombianos (unos 144,205.8 millones de dólares), de acuerdo con Asofondos, el gremio que las agrupa y representa.
Actualmente, las inversiones de los fondos en el exterior representan un 49.37% del portafolio, equivalente a 259.1 billones de pesos (71,169 millones de dólares).
La norma expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro implicaría el retorno gradual a la economía colombiana de 101.6 billones de pesos (27,907.2 millones de dólares).
El gremio resaltó la necesidad de diversificar los ahorros pensionales de los trabajadores para reducir riesgos y advirtió que la realidad macroeconómica y financiera colombiana muestra que el mercado local no tiene actualmente la capacidad de absorber grandes cantidades de recursos.
"El mercado local presenta limitaciones estructurales de profundidad y liquidez, lo que impediría absorber flujos significativos de capital sin afectar los precios", dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos, citado en un comunicado.
El directivo aseguró que el tamaño de los fondos de pensiones hace que cualquier anuncio sobre eventuales repatriaciones de recursos tenga impactos en los mercados financieros, generando una apreciación del peso frente al dólar y un incremento en los precios de los activos locales.
El Ministerio de Trabajo presentó en febrero un borrador de proyecto que propone trasladar más de 25 billones de pesos (6,866 millones de dólares) actualmente administrados por fondos privados de pensiones, al gestor estatal Colpensiones, encendiendo las alarmas por el eventual uso de los recursos para propósitos diferentes a lo previsto por la ley.