En un país en el que el crimen organizado, fortalecido y dinamizado por el Pacto Corrupto que aún nos rige, resulta preocupante que durante la campaña electoral más de un candidato haya presentado el supuesto modelo de Nayib Bukele como el camino a seguir. La pobreza del debate ha sido tal que quienes no respaldan ese modelo apenas han tenido espacio para cuestionarlo.
El problema es que ese modelo no existe y que intentar replicar en el Perú lo hecho en El Salvador no solo no resolvería la criminalidad, sino que podría abrir la puerta a graves retrocesos en derechos fundamentales. Existen numerosos y sólidos análisis críticos que desmontan esta narrativa, más allá de caricaturas locales que descalifican cualquier objeción como caviar. Los hechos son contundentes, y así lo confirma incluso The Economist, poco sospechosa de sesgos ideológicos en ese sentido.
Entre los elementos más preocupantes destaca la detención de Ruth López, investigadora de Cristosal, sin acusación clara, considerada un acto de persecución política. Este caso marca un giro: de justificar restricciones en nombre de la lucha contra pandillas, el gobierno ha pasado a reprimir a críticos —periodistas, ONG y ciudadanos—, erosionando su imagen reformista y acercándose a prácticas autoritarias.
A ello se suma que, pese a su altísima popularidad —cercana al 90%, sostenida por un férreo control del debate público—, han surgido investigaciones que cuestionan su narrativa de seguridad, incluyendo presuntos pactos con pandillas para obtener apoyo electoral y reducir homicidios. Paralelamente, el gobierno ha respondido a las críticas con medidas propias de regímenes autoritarios: órdenes de detención contra periodistas, leyes que criminalizan la difusión de información vinculada a pandillas con penas de hasta 15 años y normas como la “ley de agentes extranjeros”, que permite restringir discrecionalmente a organizaciones incómodas, en una línea similar a la de países como Nicaragua o Rusia.
Como advierte The Economist, el problema de fondo es que hoy existen pocos contrapesos reales al poder de Bukele: la sociedad civil está intimidada y las instituciones debilitadas. La pregunta es inevitable: ¿ese es el modelo que algunos quieren importar al Perú?