El pasado jueves, la firma global de consultoría Kearney difundió su Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 (FDICI), que señala que el capital no se retrae sino que se reorienta hacia polos de innovación y economías estables en medio de la creciente tensión geopolítica. Estados Unidos ocupa el primer lugar por 14° año consecutivo, aunque con menor entusiasmo entre los ejecutivos encuestados. Asia concentra más países en el top 25 que nunca y, por primera vez, los ejecutivos colocan las capacidades tecnológicas por encima del desempeño macroeconómico.
En el índice, México da un salto relevante: del lugar 25 al 19, y aparece en una posición destacada junto a China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil. Kearney atribuye la mejora a la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, que entró en vigor el 17 de julio de 2025, y al papel creciente del país como destino del nearshoring.
La encuesta se realizó en enero pasado, antes de que la guerra con Irán evidenciara la vulnerabilidad de los países del Golfo Pérsico. Pese a ello, el reporte ya advertía que el principal temor de los inversionistas eran un eventual conflicto en Medio Oriente y disrupciones en los mercados de energía. Aun así, otorgaba una alta calificación a Emiratos y Arabia Saudita por su desempeño económico y política industrial.
La guerra cambió el peso de esas variables y demostró que la infraestructura del Golfo es parte de un escenario bélico. Eso obliga a incorporar una prima de riesgo mayor y a redirigir inversiones hacia destinos con menor exposición.
Ahí es donde México puede ser un beneficiario colateral. Su cercanía al mayor mercado del mundo, menor riesgo bélico y capacidad para reforzar su seguridad energética —incluidos los recientes anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la explotación de depósitos de gas no convencional— lo hacen más atractivo frente a destinos cuya rentabilidad depende de un Medio Oriente más incierto.
Ese potencial sólo se materializará si México corrige incoherencias institucionales que pesan tanto como la geografía. Kearney señala que, tras la capacidad tecnológica, los factores decisivos son la eficiencia regulatoria, la movilidad de capitales y la fortaleza de los derechos del inversionista. Pero esos derechos quedaron limitados, también el jueves pasado al expedirse la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, cuyo fin es atraer inversión privada a proyectos públicos sin generar deuda. El problema es que, en caso de controversias, restringe el arbitraje y obliga a los inversionistas a resolverlas ante tribunales mexicanos, sabiendo que, si el gobierno incumple sus obligaciones, no habrá un árbitro internacional que dirima la controversia.
Los 507 altos ejecutivos de las corporaciones líderes a nivel mundial que encuestó Kearney no piden favores: piden certidumbre, protección de derechos y mecanismos de resolución de controversias a la altura de un mundo volátil. México tiene geografía, integración regional y un ascenso verificado. Aprovechar eso depende de una decisión política: alinear el marco jurídico con lo que el capital global ya está dispuesto a aportar.
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