La política energética de México en 2026, orientada a expandir la extracción de gas natural como componente central de la soberanía energética, conlleva implicaciones que trascienden lo económico. Desde el ámbito ecológico, esta estrategia interactúa directamente con sistemas terrestres y marinos altamente vulnerables, comprometiendo procesos clave para la resiliencia ambiental.
Uno de los principales impactos es el uso intensivo del agua en regiones áridas y semiáridas del norte del país, donde el estrés hídrico limita la capacidad de los ecosistemas para mantener su funcionalidad biológica. La extracción de gas, particularmente mediante técnicas no convencionales como la fracturación hidráulica o fracking, puede alterar el ciclo hidrológico, afectar la microbiota del suelo y reducir la disponibilidad de agua para especies endémicas adaptadas a condiciones extremas.
Asimismo, el riesgo de contaminación de acuíferos representa una amenaza persistente para la biodiversidad terrestre y acuática. En ambientes marinos como el campo Lakach, un importante yacimiento de gas natural en aguas profundas del golfo de México, las perturbaciones físicas y acústicas asociadas a la extracción pueden impactar comunidades bentónicas caracterizadas por baja resiliencia y lenta recuperación ecológica.
La evidencia científica sugiere que la estrategia actual privilegia la mitigación sobre la prevención, lo que plantea interrogantes sobre su compatibilidad con la sustentabilidad biológica a largo plazo.
Desde hace más de una década, el fracking ha sido una práctica cotidiana por Petróleos Mexicanos (PEMEX), llevada a cabo a través de contratos con empresas petroleras como Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes. Según los datos que nuestro grupo consiguió recopilar mediante la solicitud de información pública, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta técnica en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233), Tabasco (13), Tamaulipas (100) y Veracruz (349).
Pese a que la población ha realizado innumerables manifestaciones en contra de esta práctica debido a los impactos negativos que se generan en el medio ambiente, aún no se cuenta con una prohibición constitucional o legal definitiva. En la actualidad, persisten los marcos legales de la reforma energética del 2013 impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Un ejemplo es la Ley de Hidrocarburos, donde se establecen los lineamientos generales que permitirán la extracción de hidrocarburos como el gas y el aceite de lutitas (gas shale) a través del fracking como una fuente de generación de energía, posibilitando legalmente la explotación de yacimientos no convencionales. A pesar de la apuesta de el gobierno actual por transición energética con el fin de aumentar la capacidad eléctrica con fuentes renovables –bajo el argumento de la autosuficiencia energética–, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto todavía más la puerta a la extracción de hidrocarburos, principalmente gas natural y aceite mediante el fracking.
La falta de un sustento legal ha permitido que instituciones como PEMEX, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente no puedan frenar esta práctica, que está provocando un gran daño en la salud de los ecosistemas. La Secretaría de Energía (SENER) tiene ubicada seis cuencas con reservas para fracking: Chihuahua, Burro-Picachos, Sabinas, Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz.
Los análisis de un estudio realizado en el 2017 confirman que, aunque la explotación de gas favorecería la independencia energética del país, la disponibilidad de agua dulce para algunos estados se vería comprometida. Este trabajo visibiliza una paradoja geohídrica crítica: las mayores reservas recuperables de gas coinciden con las zonas de menor disponibilidad de agua en el norte de México. La explotación de estos recursos mediante fracturación hidráulica genera alta demanda de agua, compitiendo con el uso doméstico, urbano y agrícola en áreas con estrés hídrico severo.
El fracking demanda aproximadamente diez veces más agua que la perforación convencional, lo que equivale a entre 10 y 14 millones de litros por pozo. Otro rasgo importante es que el agua subterránea está en promedio a una profundidad de 500 metros de profundidad, mientras que la extracción de gas se sitúa a entre 1500 y 2000 metros. Esto puede provocar la filtración de gas metano hacia los acuíferos, contaminando el agua subterránea, la cual posteriormente puede ser extraída y utilizada en pozos de agua potable.
Una vez que la roca es fracturada, el agua residual puede emerger a la superficie con agregados químicos y contaminantes cancerígenos como el tolueno y el xileno, los cuales pueden contaminar fuentes superficiales como ríos y arroyos.
En la actualidad, no existen estudios concluyentes sobre México, solo proyecciones basadas en escenarios. Para ello, se han utilizado datos de los acuíferos Edwards-Trinity, en Texas, como referencia para el consumo de agua y la disponibilidad de este recurso en las cuencas del noreste del país. En este contexto, el estudio del fracking en México debe abordarse desde la perspectiva del principio precautorio, tomando en cuenta las diversas preocupaciones que se han manifestado sobre los impactos de este método de extracción. Hay que recordar que el agua subterránea tiene la misma o más importancia que el gas.
Dicho análisis debe ser, además, multidisciplinario, contando con la participación de especialistas en los ámbitos hidrogeológico, social y legal. El objetivo es proponer estrategias sustentables que minimicen los impactos ambientales y sociales, reduzcan los riesgos y garanticen la disponibilidad del agua subterránea para las generaciones presentes y futuras.