La salida de Porras de la Fiscalía es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras, de 72 años, quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla "peligrosa" para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado "pacto de corruptos", la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Y aseguran que Porras buscaba un tercer mandato para mantener su inmunidad ante eventuales procesos legales tras fracasar en febrero y marzo pasados en dos intentos de ser elegida magistrada constitucional, lo que la habría blindado.
Expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal.
Porras es fiscal general desde 2018, nombrada en dos periodos por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, a quienes a pesar de ser señalados de corrupción nunca investigó.
Durante su gestión, abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y trató de impedir hace dos años que Arévalo asumiera el poder.
Por ello, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y el bloque europeo con una decena de países aliados, le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
La fiscal general, ferviente católica que suele llevar un rosario de pulsera, pañoleta en el cuello, cabello recogido y gafas de montura negra, niega todas las acusaciones y dice actuar apegada a la ley.
"Adiós, Consuelo Porras (...) El poder pasa, pero el daño al sistema de justicia queda, y ese lo deberá pagar", aseguró en X el exfiscal antimafias, Juan Francisco Sandoval, a quien Porras despidió en 2021 y se exilió en Washington.
La directora regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez, escribió en X que la elección que hará Arévalo es una "oportunidad de recuperar la justicia y reconstruir la confianza" en las instituciones.
"El país no olvida. Ahora Consuelo Porras y quienes han debilitado la democracia deben rindan cuentas", advirtió Méndez.
Durante la votación, un grupo de manifestantes se apostó frente a la Corte Suprema de Justicia, sede de la comisión calificadora, para expresar su repudio a Porras. "La esperanza nos convoca", señalaba un mosaico gigante hecho con hojas de papel, flores y velas.
Aunque no se descartan impugnaciones contra la exclusión de Porras, en principio Arévalo tendrá que elegir de una lista que también dejó fuera a dos candidatos cercanos: el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el procurador general (abogado del Estado) Julio Saavedra.
De la nómina, cuatro son rechazados por organizaciones sociales que los señalan de favorecer a corruptos o de actos ilícitos, entre ellos la exmagistrada Beyla Estrada, y el exministro del Interior Julio Rivera, lo que ambos rechazan.
La presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes, quien dirigió la comisión y en la votación se inclinó por Porras, aseguró que los candidatos "reflejan la excelencia profesional" con un "firme compromiso con la justicia" y "la lucha contra la impunidad".