Los adultos mayores forman parte de uno de los grupos con mayor exposición a fraudes en operaciones inmobiliarias, de acuerdo con la firma Kallify, que advierte riesgos en procesos de compra, venta, renta o regularización de inmuebles.
La empresa indicó que factores como la confianza en terceros, la falta de experiencia en herramientas digitales, la complejidad de los trámites legales y la ausencia de acompañamiento influyen en esta vulnerabilidad.
“Hoy, los adultos mayores forman parte de uno de los grupos más expuestos a riesgos en operaciones de compraventa, renta o regularización de inmuebles”, afirmó Diana Sandoval, directora general de Kallify.
De acuerdo con la firma, para este sector, una propiedad representa años de trabajo, ahorro y estabilidad, por lo que un fraude tiene efectos económicos y también familiares.
La firma agregó que el aislamiento social incrementa los riesgos. Señaló que cuando una persona enfrenta sola una operación inmobiliaria puede tomar decisiones sin una revisión suficiente o bajo presión.
También advirtió que la complejidad de los procesos notariales, registrales, administrativos y fiscales dificulta detectar irregularidades.
Kallify identificó patrones en los fraudes inmobiliarios que afectan a adultos mayores. Entre los principales se encuentran:
Falsificación de escrituras o firmas.
Venta de inmuebles por personas que no son propietarias.
Solicitud de anticipos por propiedades inexistentes.
Manipulación por parte de personas cercanas.
Fraudes mediante llamadas, mensajes o anuncios falsos.
La empresa indicó que estos esquemas suelen aprovechar la confianza o la urgencia para evitar revisiones. También adviertió que en algunos casos las víctimas firman documentos sin conocer su alcance legal o entregan dinero sin respaldo.
Sobre el arrendamiento, Kallify señaló que existen riesgos como anuncios con precios fuera de mercado y solicitudes de depósito inmediato.
Kallify indicó que la prevención inicia con la revisión del estado jurídico del inmueble. Recomendó realizar una dictaminación jurídica con un notario para verificar la situación registral, la titularidad y la existencia de posibles adeudos o conflictos legales.
También destacó la alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad como una herramienta para detectar movimientos sobre un bien, como compraventas, embargos o hipotecas.
La firma recomendó, en operaciones de compra o renta:
Verificar la identidad del propietario o arrendador.
Confirmar la situación legal del inmueble.
Evitar pagos sin comprobantes o en efectivo.
Formalizar acuerdos mediante contrato.
Detener el proceso ante dudas o presión.
Kallify también señaló que el acompañamiento de familiares o especialistas ayuda a reducir riesgos. Indica que revisar documentos, solicitar una segunda opinión o acudir con un notario fortalece el proceso.
“Contar con una dictaminación jurídica previa del inmueble permite identificar riesgos y tomar decisiones con mayor certeza”, afirmó Sandoval.
La empresa concluyó que muchos fraudes se detectan cuando ya existe un pago o una firma, por lo que insiste en la revisión previa, la asesoría profesional y el acceso a información como medidas para proteger el patrimonio de los adultos mayores.