Un tribunal salvadoreño especializado en crimen organizado inició un juicio contra 486 integrantes de la pandilla criminal o mara MS13, acusados de delitos como ordenar 86 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo de 2022, en lo que es considerado el fin de semana más violento en el país desde la Guerra Civil de los años 80.
En respuesta a la histórica racha de homicidios, un punto de inflexión en los siete años del primer mandato de Nayib Bukele, el Congreso de amplia mayoría oficialista decretó un estado de excepción nacional, medida que se ha postergado de manera indefinida cada mes hasta la fecha.
Según el Gobierno, ha permitido una reducción de la violencia para alcanzar los 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, según cifras oficiales, una cantidad alejada de los números de cuando el país era señalado como uno de los más peligrosos del mundo.
El juicio masivo, iniciado el lunes pero en el que no se dio acceso a los medios hasta el día siguiente, se celebra de forma virtual mediante una conexión en vivo con las celdas de los pandilleros, a los que se acusa de más de 47,000 delitos entre 2012 y 2022, entre ellos más de 29,000 homicidios, así como feminicidios, tráfico de personas y de personas, extorsión, desaparición forzada y actos de rebelión.
Entre los acusados hay históricos cabecillas del grupo criminal MS13, como Borromeo Henríquez y Dionisio Umanzor, quienes participaron en la tregua entre el Gobierno y las pandillas alcanzada durante la presidencia del fallecido Mauricio Funes (2009-2014).
Los jefes enjuiciados guardan prisión en cinco distintas penitenciarías, aunque la mayoría de acusados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), célebre por sus estrictas medidas de internamiento.
La Fiscalía salvadoreña, que ha presentado autopsias, análisis balísticos y testimonios como elementos de prueba, solicitó al juez de la causa la pena máxima de prisión para cada delito. Esto significa que un acusado puede enfrentar una sentencia de hasta 245 años de cárcel, de ser encontrado culpable por los siete delitos.
El estado de excepción, que restringe garantías constitucionales como la libertad de reunión o la inviolabilidad de las telecomunicaciones, ha permitido a las fuerzas de seguridad detener a más de 91,500 personas.
Sin embargo, organizaciones humanitarias estiman que la medida ha provocado un hacinamiento carcelario del 238%, junto con la muerte de 513 detenidos bajo custodia estatal, entre otras violaciones a los derechos civiles.