La justicia de El Salvador inició un juicio contra 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla.
Entre millas de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su “guerra” contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.
La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29.000 homicidios.
“Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años”, afirmó el fiscal.
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Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos son miembros de la “ranfla” (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores.
La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, considerados terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele.
Al grupo “además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo”, lo que atenta contra “la soberanía nacional”, según un comunicado de la Fiscalía General.
Esta es la “primera vez” que se realiza un juicio masivo “contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes”, añadió.
Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y millas de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.
Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaron a la extorsión, el narcomenudeo, el sicariato, el tráfico de armas y otros negocios ilícitos.
En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200.000 personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.
La Fiscalía dijo tener “abundantes pruebas para pedir las penas máximas”, sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y “terroristas”, según una reforma legal recientemente aprobada.
En la instalación este lunes de la llamada “audiencia única abierta”, el juez -no identificado- mencionó que estos grupos perturbaron por décadas “la paz” y la “seguridad del Estado”, por lo que serán juzgados “con todo el peso de la ley”, según el centro de juzgados.
El caso “revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley, que no le importaba lo sucedido”, agregó.
Oenegés de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.
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Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia se comparan de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos, pero serán juzgados en ausencia.
Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.
El fiscal señaló que esperan terminar “pronto” el juicio, sin precisar fechas.