En democracia, las reglas no se negocian al compás de la presión política ni al ritmo de narrativas sin sustento. Al declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del proceso electoral en curso, el Jurado Nacional de Elecciones afirma el principio esencial de que el voto ciudadano no puede ser menoscabado por quienes, incapaces de probar sus acusaciones, buscan instalar la sospecha como método de imposición de poder frente a la voluntad popular.
En ese terreno se ubica la conducta de Rafael López Aliaga, quien, a pesar de perfilarse como virtual senador electo por su organización política, Renovación Popular, insiste en sostener denuncias de fraude sin ningún tipo de evidencia, mientras despotrica contra la prensa y los organismos electorales. Se trata de una narrativa que busca socavar la credibilidad del sistema cuando los resultados no se ajustan a determinadas expectativas. Lo vimos en 2016 y 2021 con Keiko Fujimori. Hoy lo observamos con el renunciado exalcalde de Lima.
La secuencia es conocida y peligrosa. Primero se siembra la duda, luego se exige la excepcionalidad, finalmente se pretende deslegitimar el resultado. No hay aquí un debate serio sobre irregularidades verificables, sino una estrategia para abrir por la vía política lo que no se ha podido sostener por la vía probatoria.
El argumento de las “elecciones complementarias” ha sido utilizado como un atajo para reabrir etapas ya cerradas del proceso. Y, ante ello, es importante subrayar que las incidencias registradas, que han sido excesivas, durante la jornada electoral fueron atendidas dentro del marco legal, con medidas extraordinarias que buscaron asegurar el ejercicio del derecho al voto. Ello no exime de responsabilidad a quienes debieron cumplir con su trabajo, según la ley que los regula.
Por eso, el llamado a la calma y a la responsabilidad debe leerse como una señal de alerta. La política tiene el deber de encauzar el conflicto dentro de las reglas, no de dinamitarlo desde fuera. Y quienes aspiran a gobernar no pueden, al mismo tiempo, desconocer el mecanismo que les permitiría hacerlo legítimamente.
El JNE ha hecho lo que le corresponde: defender la legalidad, cerrar espacios a la manipulación y garantizar que el proceso siga su curso. Ahora le corresponde al sistema político estar a la altura.