La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, volvió a quedar fuera este viernes del proceso en el que buscaba la reelección que le daría inmunidad.
La salida de Porras de la fiscalía es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras, de 72 años, ya había sido excluida de la primera lista de aspirantes que aprobó la comisión seleccionadora el lunes pasado, pero el procedimiento fue anulado el jueves por la máxima corte al otorgar un amparo que alegaba irregularidades en el puntaje otorgado a algunos candidatos.
El presidente Bernardo Arévalo había descartado elegirla por ser "peligrosa" para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó de la lista, pese a que encabezaba una tabla de puntajes que solo considera la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
En la nueva elección, ordenada por la corte, la fiscal no fue tomada en cuenta para la nómina que será remitida a Arévalo.
El mandatario debe elegir al próximo fiscal para un periodo de cuatro años, que inicia el 17 de mayo.
Sin embargo, no se descarta que nuevas acciones legales obliguen a incluir a Porras en la lista como ocurrió en 2022.
Porras es fiscal general desde 2018, nombrada en dos periodos por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, a quienes a pesar de ser señalados de corrupción nunca investigó.
Durante su gestión, Porras abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio, y trató de impedir hace dos años que Arévalo asumiera el poder.
Por ello, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países, le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Sus críticos aseguran que Porras buscaba un tercer mandato para mantener su inmunidad ante eventuales acusaciones legales. Ya en febrero pasado, fracasó en ser elegida magistrada constitucional, lo que la habría blindado.
Expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas ocurridas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.
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