El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este lunes la creación del Canada Strong Fund, el primer fondo soberano de inversión en la historia de ese país, con una dotación inicial de 25,000 millones de dólares canadienses (aproximadamente 18,400 millones de dólares). El objetivo declarado es cofinanciar proyectos de infraestructura, energía, minerales críticos y transporte junto con el sector privado, y reducir así la dependencia económica de Canadá respecto de Estados Unidos ante la guerra arancelaria. Como señal adicional de confianza, los ciudadanos canadienses podrán invertir directamente en el fondo, con protección de su capital. La medida es concreta, cuantificada y manda una señal inequívoca: el gobierno pone recursos sobre la mesa para atraer inversión privada. Carney lo sintetizó con una frase de alto impacto comunicativo: “Es el fondo del pueblo, todos nos beneficiamos”. El contraste con México resulta revelador. La presidenta Claudia Sheinbaum también enfrenta el imperativo de relanzar la inversión y diversificar la economía. El Plan México no ha producido resultados tangibles en materia de inversión privada ni de sustitución de importaciones. En lo que va de 2025, la formación bruta de capital fijo acumula una caída anualizada superior al seis por ciento, indicador que ilustra la magnitud del problema.
Este año, el gobierno federal presentó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, que reformó el marco legal para crear los vehículos e instrumentos financieros necesarios (fideicomisos, asociaciones público-privadas y similares) con el fin de que el sector privado pueda canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura desarrollados por el sector público. La razón de fondo es sencilla: el gobierno no tiene dinero. El déficit presupuestal que heredó López Obrador en 2024 superó el 5% del PIB y ha significado un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Aquí reside la diferencia de enfoque que merece atención analítica. Canadá crea un fondo con recursos públicos para invertir al lado del sector privado en proyectos liderados por empresas. México, en cambio, construye un andamiaje legal para que el sector privado financie proyectos concebidos, diseñados y controlados por el sector público. En el primer caso, el Estado asume riesgo junto con el inversionista. En el segundo, le pide al inversionista que asuma el riesgo del Estado. No es un detalle menor. La historia de la obra pública en México está plagada de proyectos con sobrecostos, opacidad, retornos inciertos y rescates recurrentes, desde carreteras concesionadas en los noventa hasta las obras emblemáticas del sexenio anterior. Pedir al capital privado que repita esa experiencia, ahora con un gobierno cuya postura ideológica genera desconfianza adicional en los mercados, es una apuesta con poca credibilidad. El modelo canadiense no está exento de críticas. Bloomberg señaló que el anuncio fue grande en forma, pero escaso en detalles: aún no se sabe con precisión la fuente de los 25,000 millones, ni las condiciones para los inversionistas minoristas, ni los mecanismos de gobierno corporativo. Hay una diferencia cualitativa entre ambos enfoques: uno parte de la oferta, el gobierno ofrece capital y convoca al privado; el otro parte de la demanda, el gobierno necesita capital y lo solicita al privado. Para un inversionista que evalúa destinos en un entorno global de incertidumbre, esa distinción no es semántica.
Los motivos de ambos países parecerían ser distintos. En el caso canadiense, el propósito es financiar proyectos que contribuyan a hacer a la economía de Canadá menos dependiente de la de EUA. En el caso de México, simplemente es tratar de reactivar la economía. Pero ambos coinciden en que se busca cambiar la dinámica de la economía. La diferencia de enfoques entre Canadá y México se acentúa cuando en nuestro país ya es más que evidente el daño que han ocasionado al clima de certidumbre tanto la reforma judicial, como los pasos que ha dado la nueva Suprema Corte de Justicia desde que entró en funciones. Bajo ese panorama no resulta difícil anticipar cuál enfoque para promover la inversión contribuirá de manera efectiva a su planteamiento original.