Ciudad de México, 29 abr (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en México respaldó este miércoles la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios implicados en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
En un comunicado, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga "jurisdicción".
Además, destacó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una "prioridad compartida" entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.
"La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos", sostuvo la Embajada.
Asimismo, reiteró que Washington continuará colaborando con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países, bajo una relación basada en la "confianza mutua y la responsabilidad compartida".
La reacción de la Embajada ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa (noroeste) por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
La acusación se produce en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cartel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.
Desde septiembre de 2024, el estado ha registrado miles de homicidios y desapariciones forzadas, de acuerdo con cifras de autoridades y organizaciones civiles.
El Cartel de Sinaloa es uno de los seis carteles mexicanos que EE.UU. designó como terroristas en febrero de 2025, junto con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Noroeste, Cartel del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.
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