La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse por el punto más sensible de su agenda común: el narcotráfico. Esta vez, el golpe no fue contra un capo escondido en la sierra ni contra un operador financiero, sino contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, el estado que durante décadas ha sido sinónimo del cartel más influyente de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada en una corte federal de Manhattan, sostiene que los señalados habrían ayudado a la organización criminal a mover grandes cargamentos de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político, sobornos y protección institucional.
Según la acusación estadounidense, Rocha Moya y otros altos funcionarios de Sinaloa habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. El caso incluye cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de uso militar, entre ellas ametralladoras y dispositivos destructivos. Si fuera condenado, Rocha podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, según reportó The Guardian.
La imputación es especialmente delicada porque no apunta únicamente a supuestos nexos criminales, sino a una presunta relación entre poder político y crimen organizado. La fiscalía estadounidense afirma que Rocha Moya habría llegado a la gobernación en 2021 con apoyo del Cártel de Sinaloa, incluyendo intimidación y secuestro de rivales políticos. A cambio, según esa versión, el gobernador habría prometido protección a la facción de Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Rocha Moya, de 76 años, gobierna Sinaloa desde noviembre de 2021 y pertenece a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes fue diputado local y senador. Su nombre ya había quedado en medio de la controversia por la violencia entre Los Chapitos y la facción vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada, detenido en julio de 2024 y preso en Estados Unidos. Esa disputa interna ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en Sinaloa, según los reportes citados por AFP.
La acusación no se limita al gobernador. Entre los funcionarios señalados aparecen el senador de Morena Enrique Inzunza, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. La fiscalía estadounidense los describe como actuales o antiguos funcionarios del gobierno y de fuerzas de seguridad que, presuntamente, se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos.
Para Washington, este caso abre un frente poco habitual. Estados Unidos ha perseguido durante años a jefes del narcotráfico mexicano, pero no es común que acuse formalmente a políticos mexicanos en funciones de tan alto nivel. Reuters subrayó que los cargos contra Rocha representan una nueva etapa en la ofensiva estadounidense contra los carteles, pues ya no se concentra solo en los capos, sino en presuntas redes de protección dentro del poder público.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una línea doble: dijo que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero también exigió pruebas claras antes de aceptar cualquier acusación o solicitud de extradición. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, afirmó en su conferencia matutina.
Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República revisará la documentación enviada por Estados Unidos y, si encuentra pruebas contundentes e irrefutables conforme a la ley mexicana, deberá proceder. Pero insistió en que México no permitirá la injerencia de ningún gobierno extranjero.
La mandataria también cuestionó la forma en que Washington hizo pública la acusación. Según dijo, la Secretaría de Relaciones Exteriores había recibido apenas un día antes solicitudes de detención con fines de extradición, un procedimiento que, según México, debe manejarse con confidencialidad conforme a los tratados vigentes. Por eso, la Cancillería anunció un “extrañamiento” diplomático a la embajada estadounidense.
Uno de los puntos más sensibles está en la calidad de las pruebas. Sheinbaum señaló que, hasta ahora, lo conocido públicamente incluye escritos basados en testimonios de personas cuya identidad no se conoce y fotografías de documentos manuscritos. En esas imágenes, según El País, aparecen papeles arrugados con supuestos registros de pagos al Gobierno de Sinaloa y a una persona identificada como “Juanito”.
Para la presidenta mexicana, ese material no basta por sí solo para ordenar detenciones o avalar extradiciones. Su posición es que la FGR debe revisar si esos elementos cumplen el estándar jurídico mexicano. En otras palabras: México no está cerrando la puerta a investigar, pero tampoco acepta que una acusación de Estados Unidos sea suficiente, por sí misma, para actuar contra un gobernador en funciones.
Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que “carecen de veracidad y fundamento alguno”. También sostuvo que no se trata solo de un ataque contra él, sino contra la llamada Cuarta Transformación, el movimiento político asociado a Morena y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobernador calificó la acusación como una estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional. En la práctica, su defensa se mueve en el mismo terreno que la respuesta del gobierno federal: negar los señalamientos, exigir pruebas y presentar el caso como un posible episodio de presión política desde Washington.
El caso llega en un momento de tensión acumulada. El gobierno de Donald Trump ha endurecido su discurso contra los carteles mexicanos, especialmente por el tráfico de fentanilo, y ha presionado a México con amenazas de aranceles e incluso con la posibilidad de usar fuerzas militares contra narcotraficantes en territorio mexicano.
En respuesta, la administración de Sheinbaum ha intensificado capturas, decomisos y operaciones contra jefes criminales. The Guardian reportó que México ha trasladado cerca de 100 operadores de alto perfil a prisiones estadounidenses y ha aumentado acciones contra estructuras del narcotráfico.
Pero la acusación contra Rocha Moya cambia la dimensión del problema. Ya no se trata solo de cooperación antidrogas, sino de confianza institucional. Si Estados Unidos sostiene que un gobernador en funciones protegió a Los Chapitos, la pregunta inevitable es hasta dónde pudo penetrar el Cártel de Sinaloa las estructuras políticas del estado. Y si México considera que las pruebas son débiles o que el caso tiene motivaciones políticas, el choque se convierte en una disputa de soberanía.
Los Chapitos son la facción asociada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Dos de sus hijos, identificados como exlíderes de esa estructura, también están presos en ese país. La fiscalía de Nueva York sostiene que esta facción habría ayudado a Rocha Moya a llegar al poder y que luego habría recibido protección para mover drogas hacia Estados Unidos.
El caso también revive una sombra que venía creciendo desde la captura de “El Mayo” Zambada. Según reportes citados por AFP, Zambada afirmó en una carta que fue llevado engañado a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya. En su momento, López Obrador dijo tener “toda la confianza” en el gobernador.
Por eso, más allá del proceso judicial, la acusación abre una crisis política: toca a Morena, al gobierno de Sheinbaum, al sistema de seguridad mexicano y a la relación bilateral con Estados Unidos. También vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que México ha enfrentado durante décadas: cuánto poder real tienen los carteles cuando no solo disputan territorios, sino que supuestamente negocian protección con quienes deberían combatirlos.
El siguiente paso dependerá de la Fiscalía General de la República de México. Esa entidad deberá revisar las pruebas enviadas por Estados Unidos y definir si hay elementos suficientes para proceder con detenciones, extradiciones o investigaciones propias. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, ya dejó claro que considera irregular la forma en que Washington hizo pública la acusación.
Mientras tanto, el caso queda en un punto explosivo: si Estados Unidos presenta pruebas sólidas, el gobierno mexicano enfrentará el dilema de actuar contra un gobernador de su propio partido. Si no lo hace, Washington podría acusar a México de encubrir redes políticas ligadas al narcotráfico. Y si las pruebas no alcanzan, Sheinbaum usará el caso como ejemplo de presión política externa.
En cualquiera de los escenarios, Sinaloa vuelve a quedar en el centro de la historia: como territorio del cartel, como símbolo de la violencia narca y ahora como escenario de una acusación que puede marcar un antes y un después en la relación entre México y Estados Unidos.