La promesa del presidente chileno, José Antonio Kast, de expulsar a más de 330.000 migrantes en situación irregular —que provocó una reacción inmediata de Perú tras su elección— ha perdido fuerza como motivo de preocupación en la frontera común.
Chile avanza en la construcción de un muro en su límite con Perú con el objetivo de frenar la inmigración ilegal. Ya en el poder, Kast, líder de la derecha radical, anunció la expulsión de "todos" los migrantes irregulares del país. En respuesta, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia y se preparó para posibles oleadas migratorias en los pasos fronterizos. Sin embargo, dos meses después del cambio de gobierno en Chile, la situación sobre el terreno permanece sin alteraciones significativas.
En sus primeros días en el cargo, Kast impulsó la excavación de zanjas en las fronteras con Perú y Bolivia para contener los cruces irregulares, además de suspender los procesos de regularización de unos 180.000 extranjeros.
Desde el aire, la policía peruana patrulla la frontera en helicóptero. El general Francisco Ninalaya-Martínez, con prismáticos en mano, observa cada movimiento en la línea divisoria. "Desde aquí se distinguen las zanjas frente al futuro muro y las patrullas chilenas. El muro tendrá entre 12 y 17 kilómetros", explicó al corresponsal de RFI en Lima.
A nivel del suelo, no obstante, el general asegura que su labor no ha cambiado desde la llegada de Kast al poder. "No creo que el muro modifique gran cosa. Por ahora no afecta el flujo migratorio existente. En los últimos días no hemos visto llegadas masivas", afirma.
Aunque el estado de emergencia se decretó inicialmente para controlar la inmigración, su utilidad se ha desplazado hacia la lucha contra el crimen organizado en la zona fronteriza. "Nos permite contar con más efectivos y combatir el tráfico de drogas, de armas, de personas y todo tipo de delitos en la frontera", concluye Ninalaya-Martínez.
En paralelo, el tema migratorio también ha cobrado protagonismo en la política interna peruana. La candidata presidencial Keiko Fujimori ha prometido expulsar a los extranjeros en situación irregular, vinculando el aumento de la criminalidad —principal preocupación ciudadana— con la inmigración. Además, plantea endurecer los controles fronterizos, enviar al ejército a las cárceles y reformar el sistema judicial, incluyendo el polémico regreso de los “jueces sin rostro”, una figura utilizada durante el gobierno de su padre.
Por ahora, en la frontera sur, las grandes advertencias no se han materializado, y el foco parece desplazarse de la migración a la seguridad.