Ciudad de México, 4 may (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes que investiga posibles delitos de seguridad nacional tras la muerte de dos agentes de EE.UU., presuntamente de la CIA, en un operativo antidroga en el estado norteño de Chihuahua, y que citará a cerca de 50 personas para ser entrevistadas.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que la participación de agentes extranjeros en el operativo y las circunstancias en que se desarrolló el mismo han llevado a la institución a abrir una línea de investigación en ese sentido.
"Se considera la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional", expuso, en un mensaje a medios.
En paralelo, Lara detalló que la FGR también revisa la situación legal de los agentes extranjeros, así como el conocimiento de su presencia por parte de autoridades del estado de Chihuahua.
"Se han realizado requerimientos(...) para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones", indicó.
El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, en ese estado del norte de México.
Como parte de las diligencias, Lara indicó que cerca de 50 personas que participaron en el operativo serán citadas para ser entrevistadas en los próximos días, y reiteró que la Fiscalía investigará de manera "exhaustiva" lo ocurrido para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El caso generó controversia después de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe operaciones de agentes extranjeros sin autorización federal.
Autoridades federales confirmaron después que los agentes estadounidenses no tenían acreditación para operar en México, mientras reportes de medios de EE.UU., que los vincularon con la CIA, aumentaron la polémica.
En medio de la tensión entre el Gobierno federal y el estatal, la gobernadora María Eugenia Campos, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), anunció la creación de una unidad especial de investigación, mientras que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, presentó su renuncia tras reconocer inconsistencias en la información inicial del caso.
(c) Agencia EFE