En un contexto global marcado por la presión social, ambiental y económica, los modelos empresariales están evolucionando hacia esquemas que combinan rentabilidad con impacto positivo. Las llamadas “empresas con propósito” se posicionan como una de las principales tendencias que están transformando la forma de hacer negocios, aunque en México aún enfrentan un reto clave: el reconocimiento jurídico.
Así lo explicó Lila Gasca, abogada encargada del área de Responsabilidad Social y Pro bono del despacho Hogan Lovells, quien destacó que estas organizaciones integran, desde su diseño, objetivos sociales y ambientales junto con la generación de utilidades.
“Estas empresas no solo buscan maximizar ganancias, sino que incorporan un propósito social y ambiental en el centro de su modelo de negocio, lo que les da una identidad distinta frente a inversionistas, aliados y consumidores”, señaló.
Durante un reciente diálogo en el Senado, especialistas y representantes del sector expusieron la necesidad de adaptar el marco legal mexicano para reconocer este tipo de sociedades. Actualmente, aunque ya operan en el país, lo hacen bajo figuras tradicionales, lo que limita su visibilidad y acceso a financiamiento especializado.
Gasca subrayó que esta tendencia no es exclusiva de México. Países de América Latina como Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Panamá ya cuentan con esquemas legales para estas empresas, mientras que en Europa y Estados Unidos el modelo ha demostrado su impacto económico. “Es una tendencia jurídica internacional. No es un invento aislado, sino una evolución que responde a la necesidad de generar valor económico con impacto positivo”, afirmó.
Entre las características clave de estas empresas destaca la obligación de establecer en sus estatutos un propósito claro, identificar a los beneficiarios de su impacto —incluido el capital natural— y ampliar el deber fiduciario de los administradores para tomar decisiones alineadas con dichos objetivos. Además, deben generar reportes periódicos de impacto social y ambiental.
En México, se estima que existen más de 100 empresas operando bajo esquemas híbridos con estas características, aunque no hay una cifra oficial debido a la falta de reconocimiento legal.
En términos económicos, factores como la inflación y la incertidumbre global no han frenado el interés en este modelo. En cambio, los fondos de inversión de impacto han ganado relevancia, priorizando empresas que miden y gestionan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
En cuanto a la digitalización, Gasca indicó que representa una oportunidad importante para la innovación, aunque los retos legales —como la protección de datos, la ciberseguridad y la propiedad intelectual— son los mismos que enfrentan las empresas tradicionales.
Uno de los riesgos más relevantes es el llamado greenwashing, es decir, comunicar compromisos ambientales o sociales sin sustento verificable. La transparencia y la medición del impacto son elementos clave para evitar sanciones reputacionales.
De cara al futuro, la especialista consideró fundamental impulsar una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que permita integrar esta figura jurídica. Asimismo, destacó la importancia de vincular estos modelos con políticas públicas como compras sostenibles e incentivos gubernamentales.
“Estamos viendo un cambio más amplio en la economía. Consumidores e inversionistas buscan cada vez más que su dinero genere impacto positivo. La forma tradicional de hacer negocios ya no es suficiente”, concluyó. El avance de estas empresas podría marcar un punto de inflexión en la competitividad empresarial del país, al alinear el crecimiento económico con el desarrollo sostenible.