En el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde hace exactamente un año lanzó el Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete rindieron cuentas de lo logrado hasta ahora y anunciaron la siguiente capa de compromisos. Participaron ella y nueve miembros de su gabinete; dieron cifras y anunciaron decretos. Todo lo dicho puede resumirse en una frase: el Estado mexicano ha decidido abrirle paso a la inversión privada, pero en sus propios términos. La diferencia con el año pasado es que ahora hay decretos firmados.
Los datos que la presidenta leyó al cierre no son menores. El tipo de cambio en 17.52 pesos por dólar y la desocupación de 2.4% son verificables y sólidos. El consumo interno creció 2.1%. Las exportaciones de 175,586 millones de dólares, con un crecimiento anual de 17.9%, son reales, pero parte del alza refleja el efecto de un peso depreciado y el adelantamiento de embarques antes de la entrada en vigor de los aranceles de Trump. La inflación de 4.53% es el dato oficial; la subyacente, más alta, no se mencionó. Tampoco el costo fiscal de los subsidios al IEPS que mantienen artificialmente bajo el precio de la gasolina. Y menos aún el hecho de que más de la mitad de los mexicanos trabajan en el sector informal y que son muy pocos los que tienen un ingreso decente. Sin embargo, la realidad es mejor de lo que muchos anticipaban.
Lo importante son los decretos anunciados. Ventanilla única que unifica 132 trámites de Economía, del SAT y de Aduanas. Proyectos estratégicos de más de 2,000 millones de pesos de inversión o en sectores como electrónica y química, con autorización en menos de 30 días; el resto, máximo de 90 días bajo afirmativa ficta. Cofepris redujo los trámites de 340 a 125, los requisitos de 14 a 7 y los tiempos de resolución de 100 a 24 días. Hacienda hará una sola revisión fiscal integral por ejercicio y por contribuyente. En energía, 5,000 megawatts privados renovables autorizados y ganadores del concurso para 11,000 megawatts adicionales en esquema mixto. La semana próxima vendrá un paquete específico para micro, pequeñas y medianas empresas. Todo esto debió ocurrir antes, pero este gobierno lo está por fin haciendo.
Sin embargo, muchos expresan cautela. Por ejemplo, la afirmativa ficta existe en el papel desde hace años, pero los funcionarios aprendieron a interrumpir plazos. Las metas de empleo en obra pública tienen un historial sistemático de sobreestimación cuando la maquinaria se importa y los contratos se concentran en pocos adjudicatarios. México lleva sexenios anunciando simplificaciones que mejoran la ventanilla sin cambiar la experiencia real del inversionista, porque los cuellos de botella migran a pasos que no están contemplados en el decreto. El escepticismo ante estos anuncios no es pesimismo; es memoria que no debe ignorarse.
La meta sexenal del Plan México es de 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta: 1.12 billones de pesos anuales en promedio. Este año se han comprometido 722,000 millones que equivalen al 2% del PIB. Arranca corto porque los aranceles de Trump y la volatilidad global han generado incertidumbre en torno a las decisiones de inversión. La verdadera prueba de fuego llegará en el tercer trimestre, cuando venzan las primeras autorizaciones de 90 días.
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