La CIJ celebra en La Haya una semana de audiencias entre los dos países por el diferendo, que ha amenazado con desatar choques militares.
"Los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela está decidida a defenderlos en paz", declaró al tribunal el representante venezolano Samuel Moncada, quien llevaba en la solapa una chapa con el mapa de su país incluyendo el territorio disputado.
La disputa territorial data de los años 1800, y se intensificó luego de que ExxonMobil descubrió en 2015 enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.
El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.
Pero Venezuela reclama como propio ese territorio, que se extiende a lo largo del río Esequibo y abarca 160.000 kilómetros cuadrados.
Los jueces de la CIJ deberán determinar la validez de la frontera establecida en 1899 entre los dos países, durante el mando colonial británico.
Venezuela alega que la frontera debe ser trazada de acuerdo con un documento posterior, de 1966, firmado antes de la independencia de Guyana.
La carta indica que el río Esequibo, situado más al este del límite actual, es la frontera natural, como lo era en 1777 durante el mando colonial español.
El ministro guyanés de Relaciones Exteriores, Hugh Hilton Todd, declaró a los jueces que el caso tiene "una importancia existencial para Guyana", porque afecta a más de 70% de su territorio.
"Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia, porque nos veríamos privados de la gran mayoría de nuestras tierras y de sus habitantes. (…) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos", añadió.
Pero el representante venezolano rechazó este argumento.
"La caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano, constituye una interpretación errónea flagrante, y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y el derecho", afirmó Moncada.
Aunque las audiencias ante la CIJ deberán concluir el lunes, la sentencia del tribunal podría tomar meses o incluso años.
Las sentencias de la corte son vinculantes, pero no dispone mecanismos para forzar su acatamiento.
"Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado que la delegación de asuntos vitales de la republica a instancias jurisdiccionales internacionales ha sido perniciosa para nuestra soberanía e integridad territorial", declaró.
"Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral", sostuvo.